Cuando uno mira el informe de la Unesco sobre el cierre de establecimientos educativos en el mundo, decretado por los gobiernos con ocasión del covid-19, se encuentra con que ni los centros de la civilización ni los países destacados como modelo en la contención del virus clausuraron completamente los centros educativos. Con excepción de España, Gran Bretaña, Italia y Canadá, el mapa del cierre se concentra en el mundo en desarrollo: África, América Latina, Europa Oriental y el subcontinente indio (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse). Estas regiones —que el diseñador de la gráfica puso en un morado mortuorio— muestran pequeñas islas de sensatez, entre las cuales se destaca Uruguay.
Se nos hizo creer que clausurar la educación era lo normal y lo correcto, pero no fue así. Ningún ejemplo y ninguna cifra respalda esa decisión. El Secretario General de la ONU Antonio Guterres caracterizó la situación como una “catástrofe generacional” y planteó que el retorno de los estudiantes era prioritario (CNN, “We're facing a 'generational catastrophe' in education, UN warns”, 04.08.20). Estudios han demostrado los efectos perversos de esa medida y centenares de expertos, exministros de educación y administradores educativos les pidieron a los gobiernos que la detuviera (incluyendo al colombiano). Esta catástrofe, básicamente, será una responsabilidad de los gobiernos.
Digo básicamente, porque no es solo de ellos; al menos no es solo responsabilidad del gobierno de Duque. El caso del sindicalismo magisterial, organizado en Fecode, es patético. Su oposición a la alternancia “bajo ninguna modalidad” en las actividades escolares demuestra que les importa más su posición laboral que el estado de los menores y jóvenes y, ya lo sabíamos, que la educación. He escuchado y visto muchos casos de esfuerzo denodado de maestros, por lo cual no quiero inculparlos. La responsabilidad recae en el sindicato, los jefes de núcleo y los secretarios de educación que se fueron por la fácil y ahora se oponen a las medidas de retorno, agravando la situación de la población estudiantil y sus familias.
El otro actor importante son las familias. No tengo datos, pero da la impresión de que la mayoría de las familias han enviado a sus hijos a estudiar desde que empezó la reapertura. Si es así, se demostraría que las asociaciones de padres que se estaban oponiendo tampoco reflejan el sentir de sus afiliados. Ahora bien, a esa minoría, que en los casos que he consultado representa el 20% o menos, debería cuestionársele y pedírsele muy buenas razones para que actúen como lo está haciendo.
Todas las previsiones apuntan a un aumento de la brecha educativa, laboral y económica entre países y grupos poblacionales como consecuencia de esta y otras medidas primitivas. Es un grave daño a los más jóvenes y, entre ellos, a las mujeres y a los de menores ingresos. Se sabe pero no se aplica: la educación importa.
El Colombiano, 25 de octubre.
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