La conducta del gobierno colombiano ante la crisis sanitaria global ha sido dubitativa y lenta. Cuando empezó la epidemia, Duque se dio el lujo de mantener vacante el ministerio de salud durante varias semanas, mantuvo largo tiempo sin posesionar a la directora de la Adres (el banco de la salud) y demoró la declaratoria de la cuarentena, tal y como dijo Germán Vargas Lleras, el nuevo miembro de la coalición gubernamental (“¿Qué estábamos esperando?”, El Tiempo, 22.03.20).
Ante el parón económico, las cosas están siendo peor manejadas. Los vaticinios del FMI y la OMC no parecen conmover al gobierno. Duque anunció una inversión de 15 billones de pesos y tardó dos semanas para firmar el decreto. ¿Cuánto demorarán en llegar los recursos a sus destinatarios? Como ya he dicho antes, esos recursos son mínimos. Nuestros socios de la Alianza del Pacífico —países con economías ortodoxas y gobiernos de centroderecha— están haciendo un esfuerzo significativo: Perú, 12% del PIB; Chile, 7%; Colombia, insisto, el 1%. Incluso, periodistas tradicionalistas como Mauricio Vargas vienen insistiendo en una intervención más decidida del estado.
El gobierno va en cámara lenta, el deterioro social va en cuarta. Las soluciones están inventadas después de la Gran Guerra. Para el ministro de Hacienda el nombre de John M. Keynes debe ser una herejía, pero —quiérase o no— vivimos un momento keynesiano, cosa que entiende hasta Trump. También hay propuestas criollas; menciono tres: una de Acopi y el empresario Antonio Celia; otra de Eafit y Comfama; otra del decano de Economía de Eafit al gobierno departamental. Todas estas iniciativas cabrían dentro de las “chifladuras” que critica Néstor Humberto Martínez, defensor oficioso del inmovilismo (“Crédito del Emisor, el último recurso”, El Tiempo, 05.04.20).
La parálisis no es solo gubernamental. Las grandes empresas del país se han limitado a realizar contribuciones filantrópicas, más pequeñas que los titulares de prensa que se dan en sus propios periódicos. Tienen razones para temer la corrupción si entregan recursos al sector público, pero hay otros mecanismos conocidos para intervenir y menos obstáculos que el aparato estatal. El sector financiero no se mueve, ni siquiera bajo las críticas punzantes del expresidente Andrés Pastrana. La mayoría de los intelectuales públicos se callan, acogotados por la metáfora perversa de la guerra, sintiendo que no pueden romper filas. Así caemos en la trampa unanimista del siglo XXI colombiano: no criticar a Uribe por la guerra urgente, ni a Santos por la paz necesaria, ni a Duque por la adversidad en salud pública.
Opera la ley del mínimo esfuerzo, sentarse a esperar sin ninguna conmiseración por los pequeños y medianos empresarios, por los trabajadores independientes y los desempleados. Esperando que el sacrificio de la cuarentena, que lo hacemos los colombianos, no el gobierno, dé resultado; que los expertos se equivoquen y que el calor detenga el virus.
El Colombiano, 12 de abril
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