Seis propuestas para destrabarnos

Recursos escasos, descoordinación institucional, desfase entre protestas y necesidades, afán social y morosidad estatal, discurso gubernamental anacrónico y consignas callejeras maximalistas. Seis propuestas viables para que en el corto plazo, digamos seis meses, la sociedad vea resultados, recupere algo de esperanza y nos demos un respiro para tomar medidas mayores posteriormente.

Diálogo con metas precisas. Una fase inmediata con temas acotados (aunque algunos sigan inconformes y haya presión); con participantes reducidos y respetados (no hay representación posible hoy); con medidas concretas en poco tiempo (así no sean el resultado de acuerdos). El gobierno debe poner entre paréntesis su agenda, su camiseta partidista y actuar como si fuera el representante de toda la nación. La sociedad debe poner en cuarentena a los violentos y los incendiarios del twitter.

Concentrarse en la desigualdad territorial. Focalización de los recursos en la región Pacífico y las regiones definidas en los PDET, procurando la convergencia de las inversiones nacionales y departamentales. Ojalá, también, del esfuerzo privado y de la cooperación. Infraestructura, institucionalidad, educación y salud básicas, para la población de las regiones más pobres del país.

Concentrarse en los jóvenes vulnerables entre 14 y 24 años. Aquellos que pierden el sentido de la educación en noveno grado, los que —entre el crimen y la universidad— carecen de ofertas de trabajo accesibles distintas a la rappización. La juventud urbana está sometida a la frustración resultante de promesas altisonantes y realidades precarias (expectativa vs. realidad es tema infantil y juvenil abundante en redes sociales).

Concentrarse en los adultos mayores, sin pensión, a cargo de sus familias de clase media vulnerable, o francamente pobres. Quizás, privilegiar una renta monetaria fija para ellos. La sociedad colombiana envejeció rápido, sin política social seria y sin equipamientos urbanos amigables para los viejos. La clase media paga los impuestos y, además, presta la asistencia social que no hace el estado.

Cortar todo nexo entre la clase política y los organismos de control, especialmente la Contraloría General de la República y las contralorías regionales. El robo de los recursos públicos es un crimen enorme, y mayor el daño que hace a la democracia. La Contraloría es a la corrupción, lo que el DAS y otras agencias ya desmanteladas fueron al uso criminal de la fuerza pública. La acción lenta y el castigo leve no satisfacen a la ciudadanía. La gente quiere ver que el crimen ya no paga.

Meterle conocimiento a las soluciones. El país tiene las mejores capacidades de su historia en ciencias sociales. Hay que moderar la disputa política con la intervención de los estudiosos de la sociedad. Es necesario que los abogados y economistas le cedan más turnos y más tiempo a sus pares sociólogos, antropólogos y filósofos prácticos. La moderación en la esfera pública y en el debate político proviene más del conocimiento que de las buenas maneras.

El Colombiano, 1 de diciembre