No fueron los autores en los que más me detuve este año, ni las obras que más frecuenté. Por distintas razones. En este momento, las recomendaciones tienen que ver con circunstancias particulares; dando por descontada la calidad que aprecio en estos trabajos. Dos álbumes y tres textos, de más de 140 caracteres, libros para ser preciso.
Ghosteen es la obra más reciente del músico y escritor australiano Nick Cave. Una obra conmovedora, incluso para quienes desconocen los hechos recientes en la vida del artista. Cave está a medio camino entre los autores clandestinos del rock y las superestrellas pop, pero nadie niega que es uno de los mayores talentos de la música popular de las últimas cuatro décadas. “Todos están perdiendo a alguien / Es un largo camino para encontrar paz mental, paz mental / Y ya solo espero la paz que vendrá”.
By the way, I forgive you es el álbum más reciente de Brandi Carlile como solista. Ella es una de las cantautoras más talentosas de los Estados Unidos en el siglo que corre, hasta el punto de que ha logrado colarse en unos Grammy dominados por el pop y los artistas negros. El álbum es una oda a la familia contemporánea homosexual; ella, por su parte, es una de las líderes de buena parte de las causas progresistas en su país. Mis lectores saben que no le hago concesiones a la corrección política; ella es una gran artista.
No había leído a Arturo Pérez Reverte. No tengo problemas con los autores vendedores, ni con los libros ídem; sí con los escritores nuevos: en una vida tan corta nos quitan mucho tiempo para los clásicos de toda época y lugar. Pero Sidi, su más reciente novela me fascinó: una novela de acción, que no se deja cerrar, con una urdimbre política que le habla a los tiempos de hoy. Quizás sea una desgracia afirmar que el drama de ciertos parajes ibéricos del siglo XI se parece al de algunas regiones colombianas del siglo XXI.
Mi colega Jorge Iván Bonilla publicó La barbarie que no vimos (Editorial Eafit), resultado de su tesis doctoral. ¿Por qué no vimos o supimos ver la barbarie en la que estábamos inmersos? ¿Por qué no comprendimos o no quisimos comprender qué estaba pasando a nuestro alrededor? El trabajo de Bonilla se preocupa por la memoria a partir de la fotografía. Una ayuda más para que no nos vuela a pasar.
Alasdair MacIntyre es uno de los mayores pensadores ocupados de la ética desde la segunda posguerra. En su 90° cumpleaños llegó a mis manos su obra más reciente, Ética en los conflictos de la modernidad. Si cualquier decisión política, corporativa o social empezara por “comprender las creencias… y capacidades relevantes de aquellos a quienes nos dirigimos”, las cosas podrían ir mejor.
El Colombiano, 29 de diciembre.
lunes, 30 de diciembre de 2019
lunes, 23 de diciembre de 2019
Gustos privados con plata pública
Armando Estrada Villa cuestionó hace poco la construcción del autódromo que llevaría el engañoso y arribista nombre de Central Park (El Colombiano, “El autódromo de Bello y el medio ambiente”, 19.12.19). Estrada Villa fue uno de los últimos políticos republicanos de Antioquia, con una larga trayectoria en cuerpos colegiados y rama ejecutiva, y ahora es un distinguido profesor e intelectual; bellanita, a propósito del tema.
Sus argumentos contra la construcción de la pista son contundentes. Giran alrededor de la emergencia global por el cambio climático, pero también por condiciones regionales como el lastre que supone este rubro para la competitividad departamental y las malas condiciones de aire y ruido en el valle de Aburrá. Por si fuera poco, señala la destrucción del humedal del Tulio Ospina —algo que nuestros ambientalistas no han hecho notar. Y, también, el despropósito de invertir recursos públicos en una obra de este tipo, en un departamento con las carencias sociales que tiene Antioquia. En este último punto me detendré.
Antioquia, como departamento, tiene unas condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad iguales o peores que las del país. Vivir a orillas del Aburrá engaña. Esta administración departamental se ha desentendido de sus obligaciones mínimas en materia, por ejemplo, de vías secundarias o nutrición infantil (después de lograr cero muertes por desnutrición, volvimos a tener varios casos por año en este cuatrienio); y ha puesto todo su empeño en darle a los que más tienen —el oriente cercano— e ignorar a los más necesitados. La gobernación le ha endosado responsabilidades al estado central, cuando podía haber contribuido a atender casos críticos. Esta falta de cooperación no contribuye al bien común y agrava el desprestigio de los políticos y del gobierno.
Veamos el caso elemental de la seguridad. Hace tres meses este diario denunció que la gobernación quería aplicar recursos Fondo de Seguridad Territorial al autódromo (El Colombiano, “¿Plata de la seguridad iría para el Central Park?”, 23.09.19). Y esto, en momentos en los cuales regiones como el Nordeste, el Norte y, sobre todo, el Bajo Cauca viven situaciones calamitosas en materia de orden público.
Vergonzoso resulta que, ante la necesidad de iniciar los planes de desarrollo territorial en las zonas más afectadas por el conflicto, hayan tenido que ser empresarios y fundaciones los que realizaran las primeras inversiones. En Santa Lucía (Ituango), la fundación alemana Hoffnungs Träger y Coop-Emprender compraron tierra para impulsar proyectos productivos (El Tiempo, “Exguerrilleros en Ituango tienen nuevo predio para producción agrícola”, 14.12.19). En Llanogrande (Dabeiba), fueron las fundaciones Proantioquia y Fraternidad Medellín, con fondos de empresas antioqueñas, quienes emprendieron la iniciativa (El Espectador, “La tierra que empresarios antioqueños entregarán a excombatientes de Farc”, 17.12.19).
La sociedad haciendo lo que corresponde al estado, mientras el gobernador quiere satisfacer un gusto privado a costa del erario. Atento gobernador entrante.
El Colombiano, 22 de diciembre
Sus argumentos contra la construcción de la pista son contundentes. Giran alrededor de la emergencia global por el cambio climático, pero también por condiciones regionales como el lastre que supone este rubro para la competitividad departamental y las malas condiciones de aire y ruido en el valle de Aburrá. Por si fuera poco, señala la destrucción del humedal del Tulio Ospina —algo que nuestros ambientalistas no han hecho notar. Y, también, el despropósito de invertir recursos públicos en una obra de este tipo, en un departamento con las carencias sociales que tiene Antioquia. En este último punto me detendré.
Antioquia, como departamento, tiene unas condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad iguales o peores que las del país. Vivir a orillas del Aburrá engaña. Esta administración departamental se ha desentendido de sus obligaciones mínimas en materia, por ejemplo, de vías secundarias o nutrición infantil (después de lograr cero muertes por desnutrición, volvimos a tener varios casos por año en este cuatrienio); y ha puesto todo su empeño en darle a los que más tienen —el oriente cercano— e ignorar a los más necesitados. La gobernación le ha endosado responsabilidades al estado central, cuando podía haber contribuido a atender casos críticos. Esta falta de cooperación no contribuye al bien común y agrava el desprestigio de los políticos y del gobierno.
Veamos el caso elemental de la seguridad. Hace tres meses este diario denunció que la gobernación quería aplicar recursos Fondo de Seguridad Territorial al autódromo (El Colombiano, “¿Plata de la seguridad iría para el Central Park?”, 23.09.19). Y esto, en momentos en los cuales regiones como el Nordeste, el Norte y, sobre todo, el Bajo Cauca viven situaciones calamitosas en materia de orden público.
Vergonzoso resulta que, ante la necesidad de iniciar los planes de desarrollo territorial en las zonas más afectadas por el conflicto, hayan tenido que ser empresarios y fundaciones los que realizaran las primeras inversiones. En Santa Lucía (Ituango), la fundación alemana Hoffnungs Träger y Coop-Emprender compraron tierra para impulsar proyectos productivos (El Tiempo, “Exguerrilleros en Ituango tienen nuevo predio para producción agrícola”, 14.12.19). En Llanogrande (Dabeiba), fueron las fundaciones Proantioquia y Fraternidad Medellín, con fondos de empresas antioqueñas, quienes emprendieron la iniciativa (El Espectador, “La tierra que empresarios antioqueños entregarán a excombatientes de Farc”, 17.12.19).
La sociedad haciendo lo que corresponde al estado, mientras el gobernador quiere satisfacer un gusto privado a costa del erario. Atento gobernador entrante.
El Colombiano, 22 de diciembre
viernes, 20 de diciembre de 2019
miércoles, 18 de diciembre de 2019
Pensar para hablar
Hay conversaciones sintomáticas. En Medellín, a lo largo de los años noventa hubo decenas de foros sobre ética, relativamente diversos por la convocatoria, los participantes y los enfoques. La crisis moral de Medellín era evidente y esa conversación ayudó a tonificar un poco nuestro cuerpo social. Parcialmente. Después llegó la parapolítica y continuó con peso grande la cultura mafiosa, muy fuerte entre constructores y jóvenes intrépidos de los sectores privado y público. Ya tendremos que volver a hablar de ética.
En el cambio de siglo empezaron conversaciones nacionales sobre el tipo de país que queríamos. Significaba eso, ni más ni menos, que el acto constituyente no bastaba: había que afinar políticas, ampliar acuerdos y trasladar la nueva carta a la cultura política. Es que uno no puede agitar un texto constitucional o sacarle en cara a los inconformes diez millones de votos creyéndose que con eso basta. Ahora recuerdo dos ejercicios. Destino Colombia (1997), que tuvo por escenario a Antioquia y por mentores a importantes franjas del empresariado y la intelectualidad pública, fue uno. El otro, Repensar a Colombia (2002), promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mírense las fechas: el primero, en plena crisis del proceso samperista; el segundo; en la noche de los últimos días de El Caguán y el pináculo militar de las Farc.
Silenciosamente, en el último año, han ocurrido ejercicios similares. ¿Cómo mejorar a Colombia? (2018), fue una contribución de 25 intelectuales colombianos organizada por Mauricio García Villegas. Reimaginando a Colombia (2019), es un aporte de 47 prácticos de distintos campos promovida por la consultora McKinsey. Era evidente que el acuerdo con las Farc, importante como fue, era insuficiente para la reconstrucción nacional. Ambas reflexiones coincidieron con el inicio de la implementación práctica de los acuerdos y el bicentenario de Boyacá, tristemente desperdiciado por el Estado y las élites políticas y económicas. Síntomas ellas de que nos falta diálogo, estudio, proyección colectiva. Hay mucho trabajo sectorial, como el bienvenido en el sector educativo o el que hicieron las fuerzas militares hace tres años (Damasco), pero una nación es más que la suma de sus partes y una estrategia es más que el pegote de metas específicas. Estos dos ejercicios muestran una fisura preocupante; nosotros —la élite intelectual— por un lado; y la élite práctica —empresarios, periodistas, artistas— por el otro. (La farándula de los conferencistas internacionales no nos une.) Y, además, una falta de socialización y conexión con los políticos y los medios de comunicación que le quita cualquier influencia al esfuerzo.
Ahora que el presidente Duque promueve la “conversación nacional” sería bueno retomar esas y otras reflexiones. Pensar en caliente en medio de cacerolazos y bolillazos es difícil; pensar bien es casi imposible. Ignorar los aportes del pensamiento colombiano —incluso, los de hace dos décadas— sería un desperdicio.
El Colombiano, 15 de noviembre
En el cambio de siglo empezaron conversaciones nacionales sobre el tipo de país que queríamos. Significaba eso, ni más ni menos, que el acto constituyente no bastaba: había que afinar políticas, ampliar acuerdos y trasladar la nueva carta a la cultura política. Es que uno no puede agitar un texto constitucional o sacarle en cara a los inconformes diez millones de votos creyéndose que con eso basta. Ahora recuerdo dos ejercicios. Destino Colombia (1997), que tuvo por escenario a Antioquia y por mentores a importantes franjas del empresariado y la intelectualidad pública, fue uno. El otro, Repensar a Colombia (2002), promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mírense las fechas: el primero, en plena crisis del proceso samperista; el segundo; en la noche de los últimos días de El Caguán y el pináculo militar de las Farc.
Silenciosamente, en el último año, han ocurrido ejercicios similares. ¿Cómo mejorar a Colombia? (2018), fue una contribución de 25 intelectuales colombianos organizada por Mauricio García Villegas. Reimaginando a Colombia (2019), es un aporte de 47 prácticos de distintos campos promovida por la consultora McKinsey. Era evidente que el acuerdo con las Farc, importante como fue, era insuficiente para la reconstrucción nacional. Ambas reflexiones coincidieron con el inicio de la implementación práctica de los acuerdos y el bicentenario de Boyacá, tristemente desperdiciado por el Estado y las élites políticas y económicas. Síntomas ellas de que nos falta diálogo, estudio, proyección colectiva. Hay mucho trabajo sectorial, como el bienvenido en el sector educativo o el que hicieron las fuerzas militares hace tres años (Damasco), pero una nación es más que la suma de sus partes y una estrategia es más que el pegote de metas específicas. Estos dos ejercicios muestran una fisura preocupante; nosotros —la élite intelectual— por un lado; y la élite práctica —empresarios, periodistas, artistas— por el otro. (La farándula de los conferencistas internacionales no nos une.) Y, además, una falta de socialización y conexión con los políticos y los medios de comunicación que le quita cualquier influencia al esfuerzo.
Ahora que el presidente Duque promueve la “conversación nacional” sería bueno retomar esas y otras reflexiones. Pensar en caliente en medio de cacerolazos y bolillazos es difícil; pensar bien es casi imposible. Ignorar los aportes del pensamiento colombiano —incluso, los de hace dos décadas— sería un desperdicio.
El Colombiano, 15 de noviembre
lunes, 9 de diciembre de 2019
Aplauso
Infortunadamente carecemos de evaluaciones serias de los administradores públicos. Parte del problema radica en las propias instituciones que han cultivado los indicadores de gestión, que terminan siendo sesgados, que no miden la eficacia, y que carecen de indicadores de impacto. Las encuestadoras viven de las encuestas de favorabilidad y la prensa vive de las encuestas. Cuando manda el “me gusta” dejamos de tener ciudadanía y pasamos a tener admiradores, como dijo hace poco el politólogo búlgaro Ivan Krastev. Como si fuera poco, nos acostumbramos a aplaudir la mediocridad y el mero cumplimiento de las obligaciones. Yo quiero señalar tres funcionarios públicos sobresalientes en el último cuatrienio, que hicieron una labor destacable.
Empiezo por Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana. Prieto efectuó dos iniciativas estratégicas que marcarán el rumbo de la ciudad región en los lustros venideros: el ingreso de Envigado y la medición y control de la calidad del aire. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA fue creado durante la dirección de Mauricio Faciolince y la alcaldía de Alonso Salazar, pero fue esta administración la que convirtió los indicadores de polución en factor de información pública, movilización ciudadana y detonante de política pública. En este rubro, Prieto también le deja al Valle de Aburrá el Plan de movilidad empresarial sostenible (que vincula ya más de 200 empresas) y un Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá que debe ir hasta el 2030. Terminando su periodo deja un acuerdo relativo a la contaminación por ruido en los municipios del Área, tema crucial en el futuro cercano.
Sigo con la secretaria de salud de Medellín Claudia Helena Arenas, funcionaria discreta y, si tenemos en cuenta los datos de Medellín cómo Vamos, la mejor secretaria de la administración que termina. En efecto, los resultados de 2019 muestran que bajó la morbilidad y mejoró significativamente la satisfacción con el servicio de salud en el municipio. En este cuatrienio, la mejor obra social fue impedir la liquidación de Savia Salud. El mérito político es del alcalde Federico Gutiérrez y el administrativo de la Secretaría, el gerente de la entidad, Juan David Arteaga y, quizá (sin determinar el grado), Comfama.
Cierro con Pilar Velilla, Gerente del Centro, un oasis de experiencia y conocimiento en medio de una administración inmadura. Las intervenciones municipales en el centro de Medellín han sido recurrentes en todas las alcaldías populares, pero no sistemáticas; eso explica que después de la Beirut que éramos en los años ochenta, ahora apenas seamos una Calcuta. Pero, la señora Velilla les introdujo cultura ciudadana, participación y confianza a los andenes, los separadores y las materas. Es un cambio fundamental que deberá continuar el tan ansiado alcalde del centro, que aún no llega.
Seguro, hay gestiones plausibles en otros niveles y localidades.
El Colombiano, 8 de diciembre
Empiezo por Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana. Prieto efectuó dos iniciativas estratégicas que marcarán el rumbo de la ciudad región en los lustros venideros: el ingreso de Envigado y la medición y control de la calidad del aire. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA fue creado durante la dirección de Mauricio Faciolince y la alcaldía de Alonso Salazar, pero fue esta administración la que convirtió los indicadores de polución en factor de información pública, movilización ciudadana y detonante de política pública. En este rubro, Prieto también le deja al Valle de Aburrá el Plan de movilidad empresarial sostenible (que vincula ya más de 200 empresas) y un Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá que debe ir hasta el 2030. Terminando su periodo deja un acuerdo relativo a la contaminación por ruido en los municipios del Área, tema crucial en el futuro cercano.
Sigo con la secretaria de salud de Medellín Claudia Helena Arenas, funcionaria discreta y, si tenemos en cuenta los datos de Medellín cómo Vamos, la mejor secretaria de la administración que termina. En efecto, los resultados de 2019 muestran que bajó la morbilidad y mejoró significativamente la satisfacción con el servicio de salud en el municipio. En este cuatrienio, la mejor obra social fue impedir la liquidación de Savia Salud. El mérito político es del alcalde Federico Gutiérrez y el administrativo de la Secretaría, el gerente de la entidad, Juan David Arteaga y, quizá (sin determinar el grado), Comfama.
Cierro con Pilar Velilla, Gerente del Centro, un oasis de experiencia y conocimiento en medio de una administración inmadura. Las intervenciones municipales en el centro de Medellín han sido recurrentes en todas las alcaldías populares, pero no sistemáticas; eso explica que después de la Beirut que éramos en los años ochenta, ahora apenas seamos una Calcuta. Pero, la señora Velilla les introdujo cultura ciudadana, participación y confianza a los andenes, los separadores y las materas. Es un cambio fundamental que deberá continuar el tan ansiado alcalde del centro, que aún no llega.
Seguro, hay gestiones plausibles en otros niveles y localidades.
El Colombiano, 8 de diciembre
lunes, 2 de diciembre de 2019
Seis propuestas para destrabarnos
Recursos escasos, descoordinación institucional, desfase entre protestas y necesidades, afán social y morosidad estatal, discurso gubernamental anacrónico y consignas callejeras maximalistas. Seis propuestas viables para que en el corto plazo, digamos seis meses, la sociedad vea resultados, recupere algo de esperanza y nos demos un respiro para tomar medidas mayores posteriormente.
Diálogo con metas precisas. Una fase inmediata con temas acotados (aunque algunos sigan inconformes y haya presión); con participantes reducidos y respetados (no hay representación posible hoy); con medidas concretas en poco tiempo (así no sean el resultado de acuerdos). El gobierno debe poner entre paréntesis su agenda, su camiseta partidista y actuar como si fuera el representante de toda la nación. La sociedad debe poner en cuarentena a los violentos y los incendiarios del twitter.
Concentrarse en la desigualdad territorial. Focalización de los recursos en la región Pacífico y las regiones definidas en los PDET, procurando la convergencia de las inversiones nacionales y departamentales. Ojalá, también, del esfuerzo privado y de la cooperación. Infraestructura, institucionalidad, educación y salud básicas, para la población de las regiones más pobres del país.
Concentrarse en los jóvenes vulnerables entre 14 y 24 años. Aquellos que pierden el sentido de la educación en noveno grado, los que —entre el crimen y la universidad— carecen de ofertas de trabajo accesibles distintas a la rappización. La juventud urbana está sometida a la frustración resultante de promesas altisonantes y realidades precarias (expectativa vs. realidad es tema infantil y juvenil abundante en redes sociales).
Concentrarse en los adultos mayores, sin pensión, a cargo de sus familias de clase media vulnerable, o francamente pobres. Quizás, privilegiar una renta monetaria fija para ellos. La sociedad colombiana envejeció rápido, sin política social seria y sin equipamientos urbanos amigables para los viejos. La clase media paga los impuestos y, además, presta la asistencia social que no hace el estado.
Cortar todo nexo entre la clase política y los organismos de control, especialmente la Contraloría General de la República y las contralorías regionales. El robo de los recursos públicos es un crimen enorme, y mayor el daño que hace a la democracia. La Contraloría es a la corrupción, lo que el DAS y otras agencias ya desmanteladas fueron al uso criminal de la fuerza pública. La acción lenta y el castigo leve no satisfacen a la ciudadanía. La gente quiere ver que el crimen ya no paga.
Meterle conocimiento a las soluciones. El país tiene las mejores capacidades de su historia en ciencias sociales. Hay que moderar la disputa política con la intervención de los estudiosos de la sociedad. Es necesario que los abogados y economistas le cedan más turnos y más tiempo a sus pares sociólogos, antropólogos y filósofos prácticos. La moderación en la esfera pública y en el debate político proviene más del conocimiento que de las buenas maneras.
El Colombiano, 1 de diciembre
Diálogo con metas precisas. Una fase inmediata con temas acotados (aunque algunos sigan inconformes y haya presión); con participantes reducidos y respetados (no hay representación posible hoy); con medidas concretas en poco tiempo (así no sean el resultado de acuerdos). El gobierno debe poner entre paréntesis su agenda, su camiseta partidista y actuar como si fuera el representante de toda la nación. La sociedad debe poner en cuarentena a los violentos y los incendiarios del twitter.
Concentrarse en la desigualdad territorial. Focalización de los recursos en la región Pacífico y las regiones definidas en los PDET, procurando la convergencia de las inversiones nacionales y departamentales. Ojalá, también, del esfuerzo privado y de la cooperación. Infraestructura, institucionalidad, educación y salud básicas, para la población de las regiones más pobres del país.
Concentrarse en los jóvenes vulnerables entre 14 y 24 años. Aquellos que pierden el sentido de la educación en noveno grado, los que —entre el crimen y la universidad— carecen de ofertas de trabajo accesibles distintas a la rappización. La juventud urbana está sometida a la frustración resultante de promesas altisonantes y realidades precarias (expectativa vs. realidad es tema infantil y juvenil abundante en redes sociales).
Concentrarse en los adultos mayores, sin pensión, a cargo de sus familias de clase media vulnerable, o francamente pobres. Quizás, privilegiar una renta monetaria fija para ellos. La sociedad colombiana envejeció rápido, sin política social seria y sin equipamientos urbanos amigables para los viejos. La clase media paga los impuestos y, además, presta la asistencia social que no hace el estado.
Cortar todo nexo entre la clase política y los organismos de control, especialmente la Contraloría General de la República y las contralorías regionales. El robo de los recursos públicos es un crimen enorme, y mayor el daño que hace a la democracia. La Contraloría es a la corrupción, lo que el DAS y otras agencias ya desmanteladas fueron al uso criminal de la fuerza pública. La acción lenta y el castigo leve no satisfacen a la ciudadanía. La gente quiere ver que el crimen ya no paga.
Meterle conocimiento a las soluciones. El país tiene las mejores capacidades de su historia en ciencias sociales. Hay que moderar la disputa política con la intervención de los estudiosos de la sociedad. Es necesario que los abogados y economistas le cedan más turnos y más tiempo a sus pares sociólogos, antropólogos y filósofos prácticos. La moderación en la esfera pública y en el debate político proviene más del conocimiento que de las buenas maneras.
El Colombiano, 1 de diciembre
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