ESE EME

Este diario editorializó a propósito de las decisiones que están despojando de sus curules al senador Antanas Mockus, de Alianza Verde, y Ángela Robledo, del Polo Democrático (“Oposición, curules y ley”, El Colombiano, 27.04.19). En primera página se resumió: “El Consejo de Estado hace una aplicación estricta de la ley y del régimen de inhabilidades. No es un ataque a la oposición”. Creo que lo primero es cierto y, a pesar de ello, lo segundo es discutible.

La aplicación estricta de la ley es una virtud en la teoría del estado de derecho y en la práctica de lo que John Rawls (1921-2002) llamaba “sociedades bien ordenadas”. En estas sociedades la legalidad opera de tal forma que coincide con la legitimidad de las instituciones. En casos de error judicial, la legitimidad democrática y la trayectoria imparcial de los jueces sirven de escudo protector. Hasta aquí todo bien. Sobre todo para Antanas, quien es el apóstol de la cultura de la legalidad en este siglo.

Lo que pasa es que, según los parámetros rawlsianos, nosotros no somos una sociedad ordenada en la que la legitimidad institucional es precaria y la trayectoria judicial —al menos en lo que va del siglo— cuestionable. En mayor o menor grado las altas cortes padecen de una parcialidad política evidente. Con mucho sesgo y poca inteligencia la Corte Suprema cumplió con el deber de controlar al presidente Uribe; sin malicia ni escrúpulos, la rama judicial se volvió gobiernista durante la administración Santos y se dedicó a castigar a la oposición uribista. Ahí la persecución contra Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo. Ahora el Consejo de Estado se dedica a efectuar una “aplicación estricta de la ley” a la oposición.

Es hora de recordar al presidente mexicano Benito Juárez (1806-1872): “Justicia para mis amigos, todo el rigor de la ley para mis enemigos”, se dice que decía. Típica concepción latinoamericana que separa lo justo de lo legal y que usa la ley desde el poder para destruir al enemigo político. El Consejo de Estado hace una aplicación estricta de la ley solo a los representantes de los partidos de la oposición; una aplicación estricta, como la de los casos de Mockus y Robledo, dejaría al congreso sin congresistas. Pero olvida la imparcialidad, que es la virtud del juez.

El problema de la decisión no son Mockus y Robledo. El problema es la manipulación del poder para quitarle espacios a la oposición política que está estrenando estatuto 28 años después de que se estableciera constitucionalmente. El problema es la malicia que se denota cuando el Estado se compromete a tratar a la oposición en condiciones de igualdad (Ley 1909 de 2018) y, luego, sus entes concretos siguen con la discriminación. El problema es que algunas instituciones del estado sigan operando SM, según el marrano.

El Colombiano, 5 de mayo.