Contratistas

Titular de noticia decembrina: “Indignación por foto de contratistas de la Alcaldía de Medellín con Popeye” (El Colombiano, 29.12.17). Confieso que no leí la nota; basta la foto de un par de personas con chalecos de la Alcaldía tomándole fotos a una compañera con John Jairo Velásquez, sicario de Pablo Escobar. Dada la fecha de la publicación, puede suponerse que los hechos ocurrieron el Día de los Inocentes.

El Estado colombiano creó hace tiempo un sistema de operación que descansa en los contratistas, que se disparó después de las reformas de César Gaviria. Mi impresión es que si uno le quita los contratistas a un ente estatal, especialmente las alcaldías y las gobernaciones, lo que resta de acción estatal es muy poco. Pongamos como caso el municipio de Medellín. El grueso de los empleados públicos son maestros, guardas de tránsito y un pequeño grupo de personal administrativo compuesto por interventores y secretarias. La ejecución de las políticas públicas depende, en lo fundamental, de contratistas. Esta distribución subvierte la filosofía de toda contratación, cual es, procurar que terceros hagan aquellas actividades que no están en el meollo de la misión institucional.

Cuando el 80% de la actividad de la administración (esa es la cifra que me da una fuente) la hacen los contratistas, eso significa ni más ni menos que la ciudadanía está en manos de entes privados. No se trata solo de hacer andenes o tapar huecos. Estamos hablando de atención a primera infancia, cuidado del espacio público, prestación de servicios de nutrición escolar o salud. Tampoco se trata una simple prestación de servicios sino de delegación de funciones públicas que podrían implicar ingresos para el municipio. Y si no, ¿quién establece la fotomulta de tránsito y la recauda? ¿quién da las licencias de construcción y cobra por ello? ¿quién da los certificados tecnomecánicos, entre otros, y recibe los pagos?

El hecho de que la administración pública descanse en los contratistas tiene dos efectos perversos adicionales. Uno es la corrupción pues, como se sabe, los apoyos electorales y la financiación de campañas se suelen pagar con contratos. Normalmente a personas y entidades que no saben nada sino que funcionan como “operadores logísticos”, entes contratantes dedicados a subcontratar y a llevarse las tajadas más grande de los presupuestos. El segundo es que los trabajadores que están al final de la cadena de contratistas son mal pagados y sujetos a condiciones muy precarias.

Que la contratación sea más eficiente no está demostrado. Eleva los costos de transacción y genera enorme gastos a la ciudadanía por la descoordinación que genera (vean distintos operadores haciendo cosas distintas en la misma vía a la misma hora). Además anula la capacidad simbólica del Estado, por eso alguien con el logo de la Alcaldía puede posar con Popeye en contra de la voluntad del Alcalde.

El Colombiano, 14 de enero