Agarren al corrupto

La senadora Claudia López anunció su renuncia al Senado y el impulso a una coalición política independiente para buscar la presidencia de la república en el 2018 bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. En sus declaraciones mencionó la cifra de 14 billones de pesos anuales que “se roban”, dijo, los mismos políticos que aprobaron la reforma tributaria (“Se necesita una coalición contra la corrupción: Claudia López”, El Tiempo, 15.01.2017). Eso vale la integración de la periferia colombiana si se ejecutaran en un cien por ciento los acuerdos que se hicieron con las Farc.

Todas las cifras la respaldan. Acaba de salir el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International que le pone a Colombia 36 puntos (menos de 50 califica como corrupto) y la ubica en la posición 90 entre 176 países. En lo que va corrido del siglo las calificaciones colombianas han oscilado entre 35 y 39, siendo la peor la del 2010 cuando Álvaro Uribe estaba haciendo todos los arreglos para que su candidato Juan Manuel Santos derrotara a Antanas Mockus. Las posiciones del país se hunden en el tercer quintil entre 179 países del mundo y la peor (94) fue en 2014 cuando Santos se reeligió, esta vez con el empujoncito del ala populista del Polo. Uribe, Santos y Germán Vargas son la trinidad tutelar de estas calificaciones (Aurelio Suárez, “Otto Bula: un Aladino del siglo XXI”, El Tiempo, 26.01.17) y ellos nos dejaron nombres emblemáticos como Reficar, Nule, Samuel Moreno, Brigard & Urrutia, Kiko Gómez, Odebrecht.

Más datos. La Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, correspondiente al último trimestre de 2016 denota un incremento del contrabando en el país. La Encuesta de Impacto de la Corrupción en la Actividad Empresarial, que realizó la Andi, muestra que los trámites aduaneros son el renglón más susceptible de corrupción y que, por otro lado, el 21,4% de empresarios “han recibido insinuaciones de pagos para agilizar o hacer efectivo un trámite o solicitud” (“Encuesta empresarial arroja tolerancia alta a la corrupción en Colombia”, El Colombiano, 24.01.17). Y la sal se corrompió: la manera como las altas cortes le torcieron el cuello a la ley para darle curso al proceso con las Farc, es un caso; la crisis de la policía nacional, de la que nadie se hace cargo, es otro.

En medio de esta pequeña conmoción –y en su penúltimo año de mandato– el Presidente se acordó de tomar algunas medidas. Santos expidió el decreto 092 para detener los contratos directos con fundaciones. Una medida que pretende evitar que las gobernaciones sigan repartiendo a discreción más de un billón de pesos anuales (El Tiempo, 21.01.17). Todos los partidos, jefes y columnistas han salido a criticar la corrupción, y entonces ¿los corruptos vienen de otro planeta? ¿Como los ladrones clásicos gritan “agarren al corrupto”?

El Colombiano, 29 de enero.