Se conoció hace poco la decisión de la Procuraduría, en última instancia, de suspender en el cargo al Secretario de Infraestructura Física de Antioquia Mauricio Valencia Correa y a tres funcionarios más de la misma dependencia de la Gobernación. La sanción –que inicialmente era de destitución e inhabilidad de 11 años para ejercer cargos públicos– se le redujo a 8 meses de suspensión.
Como anotó este diario, la decisión de la Procuraduría “no se origina en actos de corrupción, ni celebración indebida de contrato” (El Colombiano, 15.11.14). Si no fue por estas razones, ¿qué pasó? En 2012 la Secretaría de Infraestructura inició un proceso de licitación para adecuar 4,1 kilómetros de doble calzada hacia el Túnel de Occidente al cabo del cual resultó ganador un consorcio integrado por las firmas Conasfaltos, Arquitectura y Concreto y Copcisa.
Inmediatamente se tomó la decisión, los responsables de la dependencia se dieron cuenta que la propuesta del consorcio ganador tenía irregularidades que viciaban el proceso, afectaban el principio de equidad respecto a los demás licitantes y, sobre todo, los criterios de pulcritud y trasparencia en la contratación pública que se ha propuesto la administración departamental.
A partir de allí surgieron montones de irregularidades. El Colombiano se lamentó en editorial del 17 de junio del 2013 del exceso de rigor en el procedimiento. El procurador regional David Roa Salguero decidió, el 8 de julio del mismo año, ordenar una investigación. El consorcio afectado decidió demandar al Departamento de Antioquia, es decir a todos los antioqueños, por 3.500 millones de pesos en diciembre pasado.
Toda la ruta es muy irregular. El punto de partida que enturbia todo el proceso consiste en que el consorcio ganador reconoció que su propuesta tenía problemas de información, es decir, que estaba viciado. El procurador Roa, de filiación conservadora, se mostró tan acucioso en este caso que ni siquiera hizo caso a esta confesión de parte. En la segunda instancia no se aceptó como prueba ese reconocimiento del error.
Pero, bueno. De esta procuraduría se puede esperar cualquier cosa, su característica es la arbitrariedad y el uso político de las sanciones para limpiarles el camino a los políticos del conservatismo y del Centro Democrático y prepararle el terreno a la candidatura de Ordóñez a la presidencia. Lo inesperado fue la actuación del consorcio, y en particular de la firma Arquitectura y Concreto. Ellos demandaron al Departamento a sabiendas de que se habían equivocado, aferrándose a la adjudicación y dejando de lado cualquier consideración ética.
El mensaje de estas empresas es perverso: no les importa que en la región se establezcan procesos claros de contratación pública, les importa un pito castigar a una administración eficiente y limpia con tal de ganarse unos millones y menos les importa la reputación y la carrera de unos funcionarios públicos intachables.
El Colombiano, 23 de noviembre
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miércoles, 26 de noviembre de 2014
miércoles, 19 de noviembre de 2014
El foso de la paz
Hay muchos escollos en la ruta que podría conducir a un acuerdo entre el gobierno nacional y las Farc. Dificultades específicas de la mesa de negociaciones, problemas internos de las partes (tanto dentro de las Farc como en el Estado), condiciones externas (como los parámetros internacionales). En una sociedad democrática, y bajo la premisa ya establecida de que los acuerdos deben ser refrendados por la población, el estado de la opinión pública es un factor muy importante.
Entre octubre y noviembre se presentaron al país los resultados de dos encuestas diferentes. Una, Gallup Poll de Gallup Colombia y la otra Panel de Opinión de Cifras & Conceptos. Las encuestas tienen distintas prioridades y puntos de atención, pero coinciden parcialmente en un capítulo sobre paz. La diferencia más notoria es respecto al público que se consulta: Gallup trata de medir la opinión del colombiano medio, mientras Cifras & Conceptos estudia la percepción de los así llamados líderes de opinión.
Según los resultados, el ciudadano medio no está de acuerdo con sacrificar las exigencias de justicia con tal de tratar de negociar la paz (52%), lo cual refrenda una opinión estable en los últimos cuatro años, que solo tuvo una excepción entre febrero y junio de 2011. En concordancia con este enunciado, el 80% está en contra de que las Farc puedan participar en política sin pagar cárcel en algún momento.
Para los líderes de opinión la cosa es muy distinta: el 63% estaría de acuerdo en que los miembros del secretariado de las Farc puedan participar en política, el 23% aceptaría condenas a los combatientes de las Farc sin que eso implique ir a la cárcel. Más aún, el 20% apoyaría que se les diera curules en el congreso sin que vayan a elecciones y un 39% es más atrevido: admitiría que los desmovilizados ingresen a la fuerza pública.
Gallup Poll es mucho más completa en este tema en particular y muestra más cosas. Dos de cada tres colombianos apoya los diálogos; una proporción que ha aumentado levemente en los últimos meses. Uno es optimista en cuanto al éxito de la negociación y otro, por supuesto, es pesimista al respecto. El ciudadano de a pie no cree que las Farc vayan a reparar a las víctimas (77%) ni que colaboren en la lucha contra el narcotráfico (78%). Aumenta la convicción de que las fuerzas armadas pueden derrotar a la guerrilla (73%).
Los datos muestran un foso entre la dirigencia y la población que puede ser interpretado de muchas maneras. El reto político tiene que ser cerrar esa brecha. Se equivocan quienes piensan que se puede firmar contra la posición de la ciudadanía y esperar buenos resultados. Y para ganar esa voluntad, que todavía no es clara, se necesitan hechos desde La Habana y liderazgo en Bogotá.
El Colombiano, 16 de noviembre
Entre octubre y noviembre se presentaron al país los resultados de dos encuestas diferentes. Una, Gallup Poll de Gallup Colombia y la otra Panel de Opinión de Cifras & Conceptos. Las encuestas tienen distintas prioridades y puntos de atención, pero coinciden parcialmente en un capítulo sobre paz. La diferencia más notoria es respecto al público que se consulta: Gallup trata de medir la opinión del colombiano medio, mientras Cifras & Conceptos estudia la percepción de los así llamados líderes de opinión.
Según los resultados, el ciudadano medio no está de acuerdo con sacrificar las exigencias de justicia con tal de tratar de negociar la paz (52%), lo cual refrenda una opinión estable en los últimos cuatro años, que solo tuvo una excepción entre febrero y junio de 2011. En concordancia con este enunciado, el 80% está en contra de que las Farc puedan participar en política sin pagar cárcel en algún momento.
Para los líderes de opinión la cosa es muy distinta: el 63% estaría de acuerdo en que los miembros del secretariado de las Farc puedan participar en política, el 23% aceptaría condenas a los combatientes de las Farc sin que eso implique ir a la cárcel. Más aún, el 20% apoyaría que se les diera curules en el congreso sin que vayan a elecciones y un 39% es más atrevido: admitiría que los desmovilizados ingresen a la fuerza pública.
Gallup Poll es mucho más completa en este tema en particular y muestra más cosas. Dos de cada tres colombianos apoya los diálogos; una proporción que ha aumentado levemente en los últimos meses. Uno es optimista en cuanto al éxito de la negociación y otro, por supuesto, es pesimista al respecto. El ciudadano de a pie no cree que las Farc vayan a reparar a las víctimas (77%) ni que colaboren en la lucha contra el narcotráfico (78%). Aumenta la convicción de que las fuerzas armadas pueden derrotar a la guerrilla (73%).
Los datos muestran un foso entre la dirigencia y la población que puede ser interpretado de muchas maneras. El reto político tiene que ser cerrar esa brecha. Se equivocan quienes piensan que se puede firmar contra la posición de la ciudadanía y esperar buenos resultados. Y para ganar esa voluntad, que todavía no es clara, se necesitan hechos desde La Habana y liderazgo en Bogotá.
El Colombiano, 16 de noviembre
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Poco contribuyen
Las Farc asesinaron en el Cauca a dos indígenas inermes que, al parecer, descolgaron una valla alusiva a Alfonso Cano que estaba en territorio de un cabildo del pueblo nasa. Los indígenas Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá estaban cumpliendo tareas propias de su administración en un territorio autónomo, consagrado constitucionalmente.
En principio es la repetición de la historia de los últimos 30 años entre las Farc y los pueblos, sean indígenas o no. Las Farc han atacado directamente a la población civil como parte de sus tácticas militares de amedrentamiento y autoritarismo. Los indígenas adiestrados en cinco siglos de resistencia no se agachan pero ponen muchos muertos. Lo novedoso del hecho es que se presenta en un momento de avance en las negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional en La Habana.
También es un hecho emblemático porque es un examen hecho con sangre de la voluntad de las Farc, no solo de firmar un acuerdo con el gobierno sino de buscar la reconciliación con la sociedad y, sobre todo, con las gentes que han sufrido sus acciones inclementes. En efecto, los comandantes de las Farc han sostenido que si hubo víctimas civiles de su parte no fueron causadas intencionalmente, son consecuencias imprevistas, simples errores.
Bueno. Los combatientes del 6° frente de las Farc que mataron a Coicué y Tumiñá desmintieron a bala estas declaraciones, sin proponérselo, claro. Lo único que hicieron fue mantener su línea de conducta habitual. La misma que produjo la muerte de casi mil integrantes de Esperanza, Paz y Libertad o de Jesús Antonio Bejarano, por ejemplo. La misma que obligó a los indígenas a formar la autodefensa Quintín Lame, primero, y a fomentar la neutralidad de sus territorios, después de 1991.
El gobierno no lo hizo mejor. La reacción del ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue decir que ese crimen “poco contribuye a la paz” (El Colombiano, 06.11.14). ¿Qué significa “poco contribuye”? Contribuye pero poco. ¿Por qué? ¿Porque eran indígenas? ¿Porque solo eran dos? Dejemos el sarcasmo a un lado. Todos sabemos que coloquialmente se dice “poco contribuye” para expresar una inconformidad con mucho cuidado. O con mucho cariño, como hablándole a la pareja o al hijo.
Lo que Cristo no tiene en cuenta son las víctimas. Para este gobierno que se precia de hablar de víctimas, para Cristo que fue ponente de la ley de víctimas, ¿cuál es el respeto efectivo hacia las víctimas? No las de hace 30 años, las de esta semana. Cristo no aprende. Ya había sufrido una silbatina en un encuentro de víctimas, pero la desdeñó sin más. Cristo es congruente en la subestimación de la víctima y la cortesía con los victimarios.
En el tema de víctimas las Farc están todavía lejos de lo que se espera, mientras el gobierno “poco contribuye”.
El Colombiano, 9 de noviembre
En principio es la repetición de la historia de los últimos 30 años entre las Farc y los pueblos, sean indígenas o no. Las Farc han atacado directamente a la población civil como parte de sus tácticas militares de amedrentamiento y autoritarismo. Los indígenas adiestrados en cinco siglos de resistencia no se agachan pero ponen muchos muertos. Lo novedoso del hecho es que se presenta en un momento de avance en las negociaciones entre las Farc y el gobierno nacional en La Habana.
También es un hecho emblemático porque es un examen hecho con sangre de la voluntad de las Farc, no solo de firmar un acuerdo con el gobierno sino de buscar la reconciliación con la sociedad y, sobre todo, con las gentes que han sufrido sus acciones inclementes. En efecto, los comandantes de las Farc han sostenido que si hubo víctimas civiles de su parte no fueron causadas intencionalmente, son consecuencias imprevistas, simples errores.
Bueno. Los combatientes del 6° frente de las Farc que mataron a Coicué y Tumiñá desmintieron a bala estas declaraciones, sin proponérselo, claro. Lo único que hicieron fue mantener su línea de conducta habitual. La misma que produjo la muerte de casi mil integrantes de Esperanza, Paz y Libertad o de Jesús Antonio Bejarano, por ejemplo. La misma que obligó a los indígenas a formar la autodefensa Quintín Lame, primero, y a fomentar la neutralidad de sus territorios, después de 1991.
El gobierno no lo hizo mejor. La reacción del ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue decir que ese crimen “poco contribuye a la paz” (El Colombiano, 06.11.14). ¿Qué significa “poco contribuye”? Contribuye pero poco. ¿Por qué? ¿Porque eran indígenas? ¿Porque solo eran dos? Dejemos el sarcasmo a un lado. Todos sabemos que coloquialmente se dice “poco contribuye” para expresar una inconformidad con mucho cuidado. O con mucho cariño, como hablándole a la pareja o al hijo.
Lo que Cristo no tiene en cuenta son las víctimas. Para este gobierno que se precia de hablar de víctimas, para Cristo que fue ponente de la ley de víctimas, ¿cuál es el respeto efectivo hacia las víctimas? No las de hace 30 años, las de esta semana. Cristo no aprende. Ya había sufrido una silbatina en un encuentro de víctimas, pero la desdeñó sin más. Cristo es congruente en la subestimación de la víctima y la cortesía con los victimarios.
En el tema de víctimas las Farc están todavía lejos de lo que se espera, mientras el gobierno “poco contribuye”.
El Colombiano, 9 de noviembre
miércoles, 5 de noviembre de 2014
México en pañales
Día de los muertos. Es impresionante conocer de primera mano las celebraciones del día de los muertos en México. El carácter se muestra porque allá no existen eufemismos como ánimas o fieles difuntos. La cultura mexicana va de frente con la muerte y se familiarizó con su presencia y su imaginería. Sin embargo, esta idiosincrasia parece no reflejarse en la manera como los mexicanos están asumiendo su drama de este siglo: la violencia del narcotráfico.
Hay asuntos comprensibles desde el punto de vista colombiano. México está viviendo las crisis que nosotros padecimos hace 30 años, con sus reacciones y discursos. Participar en eventos sobre criminalidad, drogas o derechos humanos en México siempre da una sensación de déjà vu. Y genera condescendencia respecto a la ingenuidad, unas veces, o la insipiencia, en otras, con que abordan sus problemas. Ellos superarán esa etapa rápidamente ya que tienen una academia muy sólida en ciencias sociales y una sociedad civil relativamente fuerte.
Cosa distinta son los prejuicios con los que sectores de la intelectualidad mexicana abordan la situación. Para muestra el último artículo de Juan Villoro, titulado “Yo sé leer: vida y muerte en Guerrero” (El País, 30.10.14). Villoro es un buen escritor (me encantan sus libros sobre fútbol), hijo de uno de los más insignes filósofos de su país, Luis Villoro.
En ese artículo Villoro hace tres cosas que conocemos bien en las discusiones colombianas: primera, subestima los efectos múltiples del narcotráfico; segunda, cree que la desigualdad social es la causa última de la violencia; tercera, justifica las respuestas violentas. Desde López Michelsen la dirigencia colombiana adoptó una actitud cínica con los narcotraficantes: que traigan su dinero pero no entren a nuestros clubes. Bajo la prédica de las causas sociales, Colombia descuidó las instituciones de seguridad y justicia. Justificando la violencia de respuesta, el país se metió en una espiral que produjo la mayor tragedia humanitaria del continente.
Haría bien Villoro en mirar el último informe de Oxfam-Intermón sobre desigualdad en el mundo para que se hiciera dos preguntas: ¿por qué Perú es tan desigual como México y tan tranquilo como Costa Rica? ¿Por qué Venezuela es el país continental menos desigual y es el más violento? O, ¿por qué Bolivia siembra coca y es lugar de tránsito de la cocaína para el Cono Sur y no es violento (todavía)? ¿Cuántos Ché Guevara que sepan ortografía quiere Villoro en su país?
Hace 60 años, el filósofo antioqueño Cayetano Betancur se formuló la siguiente pregunta: “¿Qué responsabilidad tiene el intelectual en la situación de violencia que acaba de describirse?”. Y se respondió: “Sin duda la mayor. Porque ocurrió que el hombre de letras colombiano abusó de sus armas dialécticas y retóricas”. No se trata de darle lecciones a nadie, se trata de aprender juntos de nuestras experiencias.
El Colombiano, 2 de noviembre
Hay asuntos comprensibles desde el punto de vista colombiano. México está viviendo las crisis que nosotros padecimos hace 30 años, con sus reacciones y discursos. Participar en eventos sobre criminalidad, drogas o derechos humanos en México siempre da una sensación de déjà vu. Y genera condescendencia respecto a la ingenuidad, unas veces, o la insipiencia, en otras, con que abordan sus problemas. Ellos superarán esa etapa rápidamente ya que tienen una academia muy sólida en ciencias sociales y una sociedad civil relativamente fuerte.
Cosa distinta son los prejuicios con los que sectores de la intelectualidad mexicana abordan la situación. Para muestra el último artículo de Juan Villoro, titulado “Yo sé leer: vida y muerte en Guerrero” (El País, 30.10.14). Villoro es un buen escritor (me encantan sus libros sobre fútbol), hijo de uno de los más insignes filósofos de su país, Luis Villoro.
En ese artículo Villoro hace tres cosas que conocemos bien en las discusiones colombianas: primera, subestima los efectos múltiples del narcotráfico; segunda, cree que la desigualdad social es la causa última de la violencia; tercera, justifica las respuestas violentas. Desde López Michelsen la dirigencia colombiana adoptó una actitud cínica con los narcotraficantes: que traigan su dinero pero no entren a nuestros clubes. Bajo la prédica de las causas sociales, Colombia descuidó las instituciones de seguridad y justicia. Justificando la violencia de respuesta, el país se metió en una espiral que produjo la mayor tragedia humanitaria del continente.
Haría bien Villoro en mirar el último informe de Oxfam-Intermón sobre desigualdad en el mundo para que se hiciera dos preguntas: ¿por qué Perú es tan desigual como México y tan tranquilo como Costa Rica? ¿Por qué Venezuela es el país continental menos desigual y es el más violento? O, ¿por qué Bolivia siembra coca y es lugar de tránsito de la cocaína para el Cono Sur y no es violento (todavía)? ¿Cuántos Ché Guevara que sepan ortografía quiere Villoro en su país?
Hace 60 años, el filósofo antioqueño Cayetano Betancur se formuló la siguiente pregunta: “¿Qué responsabilidad tiene el intelectual en la situación de violencia que acaba de describirse?”. Y se respondió: “Sin duda la mayor. Porque ocurrió que el hombre de letras colombiano abusó de sus armas dialécticas y retóricas”. No se trata de darle lecciones a nadie, se trata de aprender juntos de nuestras experiencias.
El Colombiano, 2 de noviembre
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