Después de dos años de hablar de minería ilegal y ordenar operaciones policiales contra mineros informales como la “Operación Dorado”, parece que el Gobierno ya tiene una estrategia. Según declaraciones del presidente Santos, hay tres medidas: un decreto que autorizaría hasta “la destrucción de la maquinaria”, otro estableciendo requisitos que restrinjan “la importación de esa maquinaria” y su movilización, y una reforma al Código Penal para tipificar el delito de minería ilegal. El Presidente enunció la categoría de “minería criminal”, advirtiendo que hay que distinguirla de la informal, que tendría otro tratamiento (El Tiempo, 01.11.12).
Se trata de un anuncio pero no parece necesario esperar a que se conozca la letra menuda de las disposiciones gubernamentales para afirmar que se trata de un completo despropósito, de principio a fin.
Las razones son simples. Más del 80% de la producción nacional de oro no es legal, ese oro se produce en zonas donde el Estado tiene muy baja capacidad (como el Bajo Cauca) o ninguna presencia (como en Nariño), es muy difícil establecer la línea fronteriza entre informalidad y criminalidad. Estos problemas desafían las normas de cualquier diseño de política pública que indican que hay que conocer bien el problema y tener claras las capacidades de intervención.
Las únicas conexiones claras, relativamente rastreables, entre los criminales y la producción informal de oro son la extorsión y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico u otras economías criminales. Ninguno de esos nexos se ataca interviniendo las unidades productivas, destruyendo retroexcavadoras o dragas, o metiendo a la cárcel a quienes están en el barro. Para ello hay que atacar directamente a los grupos armados ilegales y adaptar los mecanismos nacionales para combatir el lavado, controlar el comercio de oro y las fundiciones; esto es, la fuerza armada contra las bandas armadas y la inteligencia contra las operaciones financieras del crimen organizado.
Si lo que se quiere es prevenir el daño ambiental, ya existe legislación, se pueden adelantar muchas medidas de acompañamiento a las unidades informales y a las grandes mineras, pues no todas lo hacen bien como se acaba de demostrar en el caso Cerromatoso. Además, anular las concesiones en parques nacionales y reservas naturales, regular el comercio de mercurio y cianuro, proteger los ríos que están en riesgo de empezar a ser explotados.
El Presidente acuñó el concepto de “minería criminal”. Llevo dos años dedicado a estudiar el tema y no sé a qué se refiere. Eso no existe en la literatura sobre el asunto, ni en los instrumentos internacionales. ¿Vamos a la legalización de la droga y a la criminalización del oro? ¿Está abocado el país a otra guerra como la de la coca? ¿Nos lleva Santos a la paz con las Farc y a la guerra contra más de 100 mil familias que viven de la minería no legal?
El Colombiano, 4 de noviembre del 2012
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