miércoles, 4 de marzo de 2015

Ecos de la Comisión: Medófilo Medina

Las diferentes formas de entender el conflicto armado en Colombia

Medófilo Medina

Razón Pública, 23 Febrero 2015

El informe de la “Comisión Histórica” demuestra que hay muchas interpretaciones acerca de nuestro conflicto. El ex presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores hace un balance perceptivo de las diferencias –y de las concordancias-.

Un mandato concertado
Bajo el modesto título "Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia" este 10 de febrero un grupo de intelectuales entregó doce ensayos y dos relatorías que integran un informe donde se abordan cuatro temas puntuales: el origen del conflicto interno, las razones de su persistencia, sus impactos, y sus víctimas.

El 5 de agosto del año pasado las dos partes de la mesa de La Habana habían anunciado la convocatoria de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) para trabajar durante tres meses sobre aquellos cuatro puntos. Aunque el plazo inicial se prolongó, los comisionados debieron trabajar a marcha forzada.

La primera novedad de esta comisión es su origen concertado. En efecto, las varias comisiones que sobre la paz y la guerra se habían conformado en Colombia (desde aquella que la Junta Militar convocó en 1958 bajo el ostentoso nombre “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional”) se originaron por designación unilateral del gobierno.

Las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos.

Cuando se anunció la CHCV, Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, ponderó la diversidad de las interpretaciones que se esperaban de su trabajo. Y al presentar resultados uno de los relatores, Eduardo Pizarro, señaló en tono efectista: “Llevamos cincuenta años matándonos por diferencias de opinión”. Habría que decir, y esto no es un detalle, que en la guerra las opiniones reflejan intereses.

De la lectura de los ensayos en efecto se desprende que las opiniones expresan intereses contrapuestos, pero son controversias académicas sin muertos. El lector se encuentra en la contribución al entendimiento ante una pluralidad de versiones y ese acopio de miradas es una virtud notable del Informe, pues la diversidad deshace la idea de una única versión oficial sobre el conflicto interno.

Diferencias de opinión
Las diferencias se hacen evidentes a lo largo de todos los ensayos.

Por ejemplo, algunos de los ensayistas atribuyen el conflicto a factores objetivos como la concentración de la propiedad de la tierra, la exclusión de amplios sectores de la población del acceso a bienes y servicios, o la injerencia de Estados Unidos. En la otra orilla están quienes atribuyen el origen del conflicto a razones puramente subjetivas, y la versión más cruda al respecto es la del comisionado Jorge Giraldo.

Entre los objetivistas es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”. Pero en este caso la adoración a los ídolos de los orígenes impide responder con perspicacia la pregunta por los factores que han alimentado el desarrollo del conflicto.

Al leer los ensayos se advierte que quienes ponen el centro de gravedad en el contrapunto insurgencia–contrainsurgencia tienden a abundar en el origen del conflicto y se inclinan por lo que podría denominarse un “estiramiento cronológico” hacia atrás. En cambio quienes se enfocan en los comportamientos criminales de los actores acortan la cronología, tienden a ignorar los orígenes del conflicto mismo y se extienden sobre su persistencia e impactos.

Las relatorías elaboradas por Eduardo Pizarro y Víctor Manuel Moncayo muestran bien esos contrastes:

- El primero, más cuidadoso al dar cuenta de los aportes de los ensayistas, los glosa y comenta sin renunciar a introducir valoraciones de cosecha propia. Esto es legítimo, pero es objetable que hubiera acogido ciertos datos empíricos tratados de manera poco rigurosa.

Es el caso de la estadística sobre asesinatos políticos entre 1986 y 2002 que extrae del ensayo de Gustavo Duncan, quien a su vez lo toma acríticamente de Rodolfo Escobedo. En el caso de víctimas de la Unión Patriótica existen estadísticas pormenorizadas con nombres propios que no dejan dudas.

Igualmente toma Pizarro el grafico del comportamiento del gasto militar comparado en Colombia y el resto de América Latina usado por Jorge Giraldo quien para mostrar el supuesto “…sesgo antimilitar de las políticas públicas colombianas” presenta tendencias que debe cubrir el período 1960 – 2013 según el título de la gráfica. Cuando la curva correspondiente al gasto militar colombiano se desprende hacia arriba corta el gráfico aunque falten 13 años de los estipulados en el título. Son abundantes las estadísticas sobre gasto militar de tal modo que no era difícil hacer ejercicios de contraste.[1]

- Por su parte Moncayo se impuso un trabajo abrumador. A más de un breve lugar para reseñar los ensayos o para polemizar con algunos, dedica la mayor parte de su texto a una especie de teoría sobre el orden capitalista, el origen y desarrollo del Estado colombiano, y el largo plazo en la contraposición insurgencia/subversión.

En el capítulo IX de su relatoría, Moncayo sintetiza sus propios ensayos en una “tesis mayúscula” y trece tesis más. No invalido el esfuerzo intelectual del relator pero no pude entender la pertinencia de su escrito en el conjunto del informe de la CHCV.
Relatores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Los errores del Frente Nacional
La valoración del Frente Nacional y su influencia sobre el origen del conflicto son motivos de especial controversia en el informe.

Una vez más, Daniel Pécaut relanza su reclamo sobre la incapacidad de no pocos investigadores colombianos para captar las aperturas y matices democráticos del régimen bipartidista. Escribe Pécaut: “La representación del Frente Nacional como un sistema cerrado y puramente represivo se convierte en una vulgata que se repite indefinidamente”. Y en la reiteración de ese reclamo lo acompaña ahora María Emma Wills. Pero esta percepción me parece simplista y creo útil mostrarlo en dos puntos de importancia:

1. La frustración en el momento de aplicar la Ley 135 de 1961 o Ley de Tierras. Esta ley tenía elementos que habrían servido para descargar las tensiones en las zonas de colonización donde el problema agrario registraba manifestaciones más agudas.
Es notorio un sesgo: estiman que los análisis que acuden a las fechas más remotas están mejor provistos de “contexto histórico”.

Y sin embargo el segundo gobierno del Frente Nacional, el de Guillermo León Valencia optó por la guerra en aquellas regiones. Recuérdese el grito de Álvaro Gómez contra las llamadas “repúblicas independientes”: Marquetalia, el Pato, Ríochiquito y Guayabero fueron algunos de los escenarios de la agresión militar. ¿Quién hizo esas guerras? El sistema “aperturista” del Frente Nacional. Fue en esa zona entre Tolima, Cauca y Huila donde las autodefensas campesinas dieron origen al Bloque Sur y luego a las FARC entre 1964 y 1966. La guerra avanzó y la reforma agraria se ahogó.

2. En 1967, el presidente Lleras Restrepo, como respuesta al sabotaje de una visita del vicepresidente de Estados Unidos a un centro de experimentación agropecuaria, ordenó la toma de los predios de la Universidad Nacional, ilegalizó al Consejo Superior Estudiantil, eliminó la representación de los estudiantes en el Consejo Superior y estigmatizó a la Federación Universitaria Nacional (FUN).

Podría decirse que esta fue una represión sectorial es decir, que no comprometió al Frente Nacional. Pero fue una represión ejercida sobre los estudiantes, un sector juvenil entonces ilusionado por la revolución cubana. El resultado fue aislar a quienes insistían en mantener la organización amplia y la lucha política pacífica, mientras que los estudiantes radicalizados pudieron decir que se habían cerrado los caminos, optando en muchos acasos por engrosar las filas de la guerrilla, y en especial las del ELN. Mi generación los recuerda por sus nombres: estudiantes de economía, de medicina, de ingeniería, de sociología.

Dirá Pécaut que fueron unos pocos estudiantes. Pero esos pocos eran líderes que potenciaron la guerrilla y en cambio desanimaron al movimiento estudiantil pacífico. El movimiento desapareció como canal de movilización gremial y política y- exceptuando el canto del cisne que fue el “programa mínimo” de 1970- habría que esperar 40 años para que en 2011 volviera a expresarse contra el proyecto de reforma de la Ley 30 del gobierno Santos.

Los temas comunes
Pero el informe no es solo la recopilación de doce o catorce miradas distintas. Por una parte se trata de dos grandes enfoques analíticos o matrices de representación, y por otra son varios los puntos donde existen coincidencias o una cierta similitud de diagnósticos.

Entre esos elementos comunes se destacan la tierra, las precariedades del Estado, las profundas desigualdades y la prolongada ausencia de una reforma social. También desde distintos puntos de vista se denuncia o se admite la responsabilidad del Estado en el surgimiento y persistencia del paramilitarismo y se analiza el impacto del narcotráfico sobre el conflicto interno y sus actores centrales.

Identificar los elementos comunes tiene sentido porque de allí podrían derivarse sugerencias particulares para tomar decisiones y adoptar políticas concretas. Cabe recordar que la Comisión no tuvo el encargo de formular recomendaciones pero si el de ofrecer insumos para la mesa de conversaciones.

Sin duda, los ensayos, resúmenes y apéndices que integran el paquete denominado Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia son en su conjunto un buen producto tanto por lo que ofrece tanto a los negociadores de La Habana como a sectores muy amplios de la opinión pública.

La buena influencia que ejerza este informe podrá dar frutos en la medida en que este acervo se ponga a disposición de la más amplia consulta en bibliotecas, en la educación básica y en la universidad, pues es material de trabajo ara periodistas, empresarios, líderes políticos y sociales.


[1] Abundan los estudios para gasto militar para los años noventa. Sus datos distan de los traídos en CHCV: DNP La Defensa Nacional y las Fuerzas Militares, Bogotá: noviembre 22 de 1995, p.28. Rosas Gabriel (coordinador), Comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas, defensa, seguridad ciudadanía y gasto público (Resumen ejecutivo) Manuscrito, p.8. El gasto en defensa y en seguridad ciudadana en Colombia: Más para la seguridad del Estado y menos para el ciudadano, en Informe Financiero, No. 28, 1995, p.14

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