La conducta del empresariado colombiano frente a la institución presidencial en Colombia ha sido normalmente acatada, al menos desde que se crearon los gremios actuales a mediados del siglo pasado. Hablo de las actuaciones públicas que son las que pertenecen en propiedad al ámbito democrático. Ese gobiernismo rutinario de los voceros gremiales se ha roto pocas veces desde entonces: contra Rojas Pinilla y frente a Samper. A Lleras Restrepo le hicieron repulsas silenciosas por su visión económica mientras ciertos editorialistas lo descalificaban dizque por ser socialista; a Belisario simplemente le hicieron el vacío.
El caso del gobierno de Ernesto Samper es llamativo porque no se trataba de una dictadura. En su momento el Consejo Gremial Nacional se declaró en contra del gobierno y a favor de una salida institucional. Los grupos económicos optaron por vías distintas: Santodomingo, Sarmiento y en menor medida Ardila respaldaron al gobierno; los grupos Corona y Holguines promovieron soluciones extrainstitucionales (como un paro) y otras abiertamente ilegales; el Sindicato Antioqueño —que así se le decía— se opuso al gobierno, con la excepción de Argos presidida por Adolfo Arango. A nadie debe escapar el hecho de que la crisis política contribuyó en gran medida a debilitar la institucionalidad y que dio alas a la ofensiva de las guerrillas y los paramilitares. Llegó la peor etapa del conflicto armado colombiano entre 1996 y 2002.
Alguna vez, durante una conversación privada con Nicanor Restrepo Santamaría (1941-2015), surgió el tema de aquella coyuntura dramática que vivió el país y que conocemos con el nombre de Proceso Ochomil. Yo había expresado una opinión fuerte contra el gobierno de Samper y el doctor Nicanor me replicó diciendo que al país no le convenía la desestabilización de ningún gobierno. En sus palabras, en su tono y en sus gestos había un asomo de autocrítica por la posición que él y la gerencia que lo acompañaba asumió. En todo caso expresaba una convicción emanada de las turbulencias militares y económicas que se crearon durante esos años y que después se agravaron por factores externos como la crisis asiática y el negativo ambiente internacional para Colombia.
La lección que extrajo Restrepo, según mi interpretación, coincide con los acuerdos académicos sobre el régimen político colombiano y su presidencialismo. La solidez de la Presidencia es la condición que posibilita la estabilidad o inestabilidad del país; su calidad, decisiva para los avances y retrocesos. Las veleidades del inquilino de la Casa de Nariño deben estar sujetas a los controles que establece la constitución política y a los resultados de la deliberación pública. El exmagistrado José Gregorio Hernández constató la “exagerada y negativa actitud de la oposición extrema, que todo lo descalifica y ataca, sin mayor análisis, y sin argumentos” (“El papel del Congreso”, El Colombiano, 19.10.22). Esa inocultable intención de algunas personas con vocería por “hacer invivible la república” es irresponsable. Los que no debería ocurrir es que sectores empresariales se sientan tentados a correr semejante albur.
El Colombiano, 23 de octubre
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