No existen democracias liberales puras. El politólogo Robert Dahl intentó sin mucho éxito establecer la categoría “poliarquía”, hace 65 años, para reflejar mejor los distintos niveles de las democracias históricas. Desde otra perspectiva, el deterioro de algunos componentes necesarios de la democracia se ve como un decaimiento o retroceso conducente hacia el autoritarismo. Me ocupo de uno de esos componentes: la imparcialidad, llamada coloquialmente por algunos estudiosos como un campo de juego nivelado, lo que implica que no exista intervención externa en el proceso electoral (Levitsky y Way, Competitive Authoritarianism, 2010).
Creo que en Colombia, la cancha está desnivelada desde el 2005 hasta hoy. Inicialmente la desniveló la reelección presidencial. El hecho es que ninguno de los dos presidentes en ejercicio perdió las elecciones y cuando alguno estuvo a punto de perderlas —Santos en 2014— las palancas gubernamentales se activaron para impedirlo. Recuérdese la financiación ilegal de la campaña, por la que está condenado su gerente Roberto Prieto, o la intervención de la Fiscalía en el caso de un hacker.
La intervención presidencial en la campaña electoral es la segunda forma de parcialidad que hemos visto en este siglo. El evento más descarado se dio en las elecciones de 2010, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe no solo postuló a su sucesor —Juan Manuel Santos— sino que intervino activamente para descalificar a Antanas Mockus —“el caballito discapacitado”— y detener la llamada ola verde. Iván Duque también está intentando desprestigiar a algunos candidatos y fuerzas políticas, algo inaceptable según las reglas de juego democráticas.
El abuso de poder de los titulares de los órganos de control ha sido la otra forma. Baste recordar al procurador Alejandro Ordóñez cuya gestión sectaria e ilegal ha redundado en varias condenas al estado colombiano. Ordóñez se ensañó con los mandatarios regionales que tenían vínculos con el Polo Democrático y el Partido Verde, y destituyó a Gustavo Petro y Alonso Salazar, fracasando en el intento. El contralor Felipe Córdoba y el fiscal Francisco Barbosa siguen su camino abriendo procesos temerarios para bloquear la candidatura de Sergio Fajardo. Lo que hay detrás de esta larga cadena de hechos es la intención de impedir el triunfo de cualquier fuerza de oposición.
Que la pulsión autoritaria que subyace a la sistemática parcialidad de algunos organismos estatales en los procesos electorales no es menor ni acotada se demuestra por la violenta conculcación de las libertades civiles y los inquietantes ataques a la libertad de prensa. Baste saber que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó un artículo (68 del Proyecto de Ley Anticorrupción) que castiga la crítica y el cuestionamiento de los funcionarios públicos. La ciudadanía debe saber que los representantes antioqueños Nidia Marcela Osorio y Germán Blanco (conservadores) y Mónica Raigoza (partido de la U) votaron a favor de esa norma (Kienyke, 08.12.21).
El Colombiano, 12 de diciembre
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