La gobernabilidad en Colombia ha dependido históricamente de las transacciones entre el poder estatal radicado en Bogotá y los poderes concretos de las regiones. Ciertos márgenes autónomos a algunos departamentos, la entrega de funciones administrativas a élites regionales, la negociación cotidiana con los congresistas, todo eso hizo y hace parte de esos intercambios. Esos acuerdos se basan en el respeto la iniciativa presidencial y de la legalidad. El ejecutivo sí tiene la obligación de mantener a raya los apetitos de sus socios y de impedir que conviertan el servicio público en un latrocinio. Así fue hasta que Julio César Turbay inauguró la doctrina de mantener la corrupción en sus justas proporciones.
En situaciones de crisis, lo que hacen los gobernantes es dejar que otros roben: los congresistas y los jefes políticos locales, habitualmente. Ni siquiera de Ernesto Samper —el padre de la quiebra moral del país, si hay alguno— se puede decir que robara. De Gustavo Rojas Pinilla se dijeron muchas cosas (ciertas deben ser algunas), porque como advenedizo no gozaba de fueros. Fueron los nietos de Rojas, con el voraz carrusel de la contratación, los sorprendidos con las manos en la masa.
Acá entran los hechos insólitos por los cuales este gobierno les entrega las llaves a los ladrones. Nos estamos enterando de que algunos involucrados en el escándalo del ministerio de las telecomunicaciones ya figuraban en los expedientes que llevaron a los hermanos Moreno Rojas a la cárcel (si es que están presos). Al menos cuatro individuos habían sido condenados, entre ellos el célebre Emilio Tapia, que licitó con el gobierno nacional y con varias alcaldías desde la cárcel. Aun así, el congreso hizo la vista gorda con la ministra y algunos columnistas sin vergüenza salieron en su defensa.
Como no pasa nada y los fusibles ya están quemados, el presidente de la república siguió orondo. Su propuesta de modificar la Ley de Garantías y permitir la contratación pública en medio de las elecciones no es otra cosa que darles licencia a alcaldes y gobernadores para intervenir con los dados cargados en las campañas para congreso y presidencia. Imaginen los lectores antioqueños los niveles que alcanzaría el festín que está haciendo Daniel Quintero en Medellín y piensen un momento en quiénes serían los beneficiarios del mismo.
A Duque los juristas le dicen que su propuesta es inconstitucional (Luis Fernando Álvarez, “Presupuesto y ley de garantías”, El Colombiano, 24.09.21); el expresidente Álvaro Uribe le pidió “no derogar ley garantías. Protejamos la honra del Gbno.” (“Álvaro Uribe frustra el plan de Duque de tumbar ley de garantías”, La silla vacía, 28.09.21). El presidente no ve, es sordo o no entiende.
Iglesia de San Ignacio: un anticlericalismo ingenuo y farandulero se organiza para asaltar actos religiosos y dañar el patrimonio histórico. Retorno a prácticas inútiles y condenables.
El Colombiano, 3 de octubre
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