Bombardear sin guerra

A raíz de los eventos que condujeron a la renuncia del ministro de Defensa aparecieron reacciones de periodistas, expertos y autoridades que son intrínsecamente coherentes, literariamente técnicas y políticamente contradictorias.

La periodista María Isabel Rueda escribió una sesuda columna (“Cuando se disipa el humo”, El Tiempo, 09.11.19) explicando por qué el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo no rechaza sino que permite dar de baja a menores de edad. Cita, de manera acuciosa, una guía del Comité Internacional de la Cruz Roja que admite que “existe la posibilidad de que… los niños que no tienen edad legal para ser reclutados, pierdan la protección contra los ataques directos”. Es decir, que puedan ser matados.

Rafael Nieto Loaiza, experto en el tema y precandidato presidencial, también explicó las razones que permiten sostener que no solo el bombardeo sino la muerte de menores sea admitida por el derecho de guerra. Advierte Nieto que la precaución con los bombardeos y los menores puede tener dos efectos perversos: “incrementará el reclutamiento de menores y afectará la seguridad de todos los colombianos” (“Ataque al campamento de las Farc y el DIH”, El Colombiano, 10.11.19).

En entrevista con El Tiempo, el general Luis Fernando Navarro, ministro encargado, dijo que “a la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ejecutamos para planear esta operación no hubo error” (“El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e)”, El Tiempo, 09.11.19).

Casi perfecto. El problema es que la aplicación del DIH tiene como premisa la aceptación de que el país se encuentra en una situación de conflicto armado interno. Además, el DIH no es discrecional. No se puede aplicarlo para unas cosas y para otras no. Y el DIH no solo permite matar a cierto tipo de personas; también obliga a proteger a muchas más (como los líderes sociales y los reincorporados, por ejemplo). Así que en los tres casos nos encontramos con un argumento falaz, porque ni Rueda ni Nieto ni el gobierno admiten que en Colombia exista un conflicto armado. De hecho, el 30 de octubre el gobierno renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y excluyó la caracterización de la situación colombiana como conflicto armado.

En Colombia nunca hubo mucha coherencia en el uso del DIH. Empezando porque se volvió un tabú admitir que había conflicto armado, y de guerra ni se podía hablar. Pero casi todos los gobiernos hicieron un uso pragmático de ese instrumento. Siguiendo una senda ideologizada, el presidente Duque se enreda la vida porque se obliga a asumir un parámetro más alto (como los derechos humanos) que no será capaz de cumplir. Y vuelve a meter a los militares en el lío de hacer la guerra como si no hubiera guerra.