Las guerras de religión tuvieron, para la aristocracra que se hundía, la misma función que las guerras civiles respecto de las capas que van arruinándose: les ocultan lo inevitable de su destino.
Norbert Elias, La sociedad cortesana
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
sábado, 30 de noviembre de 2019
Guerra civil y decadencia sectorial
Norbert Elias, La sociedad cortesana
lunes, 25 de noviembre de 2019
Malentendidos
Todo quien piense con un sentido de comunidad política debe preguntarse, ante situaciones críticas o acontecimientos notables, cómo hacer que ellas redunden en resultados positivos para todos. Las marchas del 4 de febrero de 2008 se convirtieron en un punto de inflexión que marcó la derrota política de las Farc y abrió la posibilidad de la negociación. Las marchas del 21 de noviembre pueden marcar un punto de quiebre, así su único mensaje claro sea de inconformidad.
Para que ese esfuerzo tenga consecuencias positivas para todos hay que tratar de hacerlo legible. Para hacerlo legible, para entenderlo, hay que empezar por determinar sus dimensiones y por clarificar su sentido. A ello no ayudan las tácticas infantiles de minimizar su volumen, como las cifras increíbles de movilizados que dieron Duque y el alcalde de Medellín, o de meter a marchantes tan diversos en el mismo costal. Las marchas fueron más grandes que la izquierda, el petrismo o los sindicatos. El cacerolazo, espontáneo, masivo e inédito, no lo ordenó Maduro.
Para empezar a leer bien, es conveniente despejar algunos malentendidos.
El problema no es Duque, es el régimen. A Duque le ha tocado la coyuntura en que buena parte de los colombianos ya no soportan las promesas incumplidas de lucha contra la corrupción, reforma a la justicia, reforma tributaria equitativa, trabajo decente, equidad territorial, y demás, que se han aplazado desde la primavera constituyente de 1991. A Duque le toca —y esa es su responsabilidad— pero los problemas de hoy son las asignaturas perdidas desde Samper hasta Santos pasando por Uribe.
El problema no es de números. El afán racionalista de los administradores públicos es de una candidez casi estúpida. Los valores que mueven a la mitad de la población colombiana están guiados por valores inmateriales (Inglehart): a quien pide paz no se le convence mostrándole el crecimiento del producto interno, a quien pide equidad racial y sexual no le dicen nada las cifras de desempleo, a quien quiere protección del medio ambiente no le dice nada la estabilidad macroeconómica, a quien pide respeto no le dice nada que el gobierno haya presentado o no una mala propuesta de reforma.
El problema es político, como todos los grandes problemas, pero no fue un asunto electoral, como lo señaló Germán Vargas Lleras en su columna dominical. Es una interpretación que no ayuda a buscar soluciones y que solo pide un plazo de dos años para dirimir el pleito en las urnas.
Del otro lado, hay que saber leer a los sectores de la inercia. A quienes se opusieron a las marchas, a quienes expresaron miedos auténticos, hay que escucharlos y dialogar con ellos, ahora que vuelva la calma. Primero entre razonables y conversadores. Después veremos si es posible hacerlo con los fanáticos. Con los malintencionados no hay nada que hacer.
El Colombiano, 24 de noviembre.
Para que ese esfuerzo tenga consecuencias positivas para todos hay que tratar de hacerlo legible. Para hacerlo legible, para entenderlo, hay que empezar por determinar sus dimensiones y por clarificar su sentido. A ello no ayudan las tácticas infantiles de minimizar su volumen, como las cifras increíbles de movilizados que dieron Duque y el alcalde de Medellín, o de meter a marchantes tan diversos en el mismo costal. Las marchas fueron más grandes que la izquierda, el petrismo o los sindicatos. El cacerolazo, espontáneo, masivo e inédito, no lo ordenó Maduro.
Para empezar a leer bien, es conveniente despejar algunos malentendidos.
El problema no es Duque, es el régimen. A Duque le ha tocado la coyuntura en que buena parte de los colombianos ya no soportan las promesas incumplidas de lucha contra la corrupción, reforma a la justicia, reforma tributaria equitativa, trabajo decente, equidad territorial, y demás, que se han aplazado desde la primavera constituyente de 1991. A Duque le toca —y esa es su responsabilidad— pero los problemas de hoy son las asignaturas perdidas desde Samper hasta Santos pasando por Uribe.
El problema no es de números. El afán racionalista de los administradores públicos es de una candidez casi estúpida. Los valores que mueven a la mitad de la población colombiana están guiados por valores inmateriales (Inglehart): a quien pide paz no se le convence mostrándole el crecimiento del producto interno, a quien pide equidad racial y sexual no le dicen nada las cifras de desempleo, a quien quiere protección del medio ambiente no le dice nada la estabilidad macroeconómica, a quien pide respeto no le dice nada que el gobierno haya presentado o no una mala propuesta de reforma.
El problema es político, como todos los grandes problemas, pero no fue un asunto electoral, como lo señaló Germán Vargas Lleras en su columna dominical. Es una interpretación que no ayuda a buscar soluciones y que solo pide un plazo de dos años para dirimir el pleito en las urnas.
Del otro lado, hay que saber leer a los sectores de la inercia. A quienes se opusieron a las marchas, a quienes expresaron miedos auténticos, hay que escucharlos y dialogar con ellos, ahora que vuelva la calma. Primero entre razonables y conversadores. Después veremos si es posible hacerlo con los fanáticos. Con los malintencionados no hay nada que hacer.
El Colombiano, 24 de noviembre.
viernes, 22 de noviembre de 2019
miércoles, 20 de noviembre de 2019
lunes, 18 de noviembre de 2019
Marcha, ¿adónde?
Tenía mi columna escrita sobre la incongruencia del gobierno nacional y de algunos opinadores a propósito de las justificaciones del bombardeo en el que murió cerca de una decena de menores de edad. Resumo: no se puede, al mismo tiempo, invocar el derecho humanitario y negar el conflicto armado (leer texto completo en: giraldoramirez.blogspot.com). Pero, se viene la marcha del 21 de noviembre, que no parece ser una marcha más.
Primero, haré el papel del humorista uruguayo Hebert Castro: se les dijo, se les advirtió. Hace poco recordaba un análisis nuestro, realizado en 2014, sobre la inminencia de un auge en la movilización social. Muchos estudiosos —entre ellos Daniel Pécaut— advirtieron que uno de los efectos del acuerdo con las Farc sería el destrabe de la expresión de una inconformidad social contenida por la violencia política.
Segundo, haré el papel de la lechera del cuento: lloraré sobre la leche derramada. Durante la campaña electoral del 2018, las élites políticas y económicas tuvieron la oportunidad de auspiciar una salida reformista a la encrucijada que dejaba el acuerdo con las Farc y al bloqueo político esperable después de los resultados del plebiscito del 2016. La mesa estuvo servida para un acuerdo que le permitiera ganar a una opción de centro, pero no cuajó. La dirigencia liberal —encabezada por César Gaviria— la saboteó, al no facilitar un acuerdo entre Fajardo y De la Calle. Cuando Fajardo tenía probabilidades de pasar a la segunda vuelta, las élites económicas y mediáticas se aculillaron, no lo apoyaron y terminaron apoyando a Iván Duque. Una visión conservadora de la política los hizo dar dos pasos atrás en lugar de dar uno adelante.
Entonces ganó Duque. Hasta ahora ha demostrado que es un mandatario del pasado, que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la población ni del congreso. Nunca tuvo luna de miel, no tiene ninguna posibilidad se sacar una sola de las reformas que necesita el país, ignoró la consulta anticorrupción y su impericia está haciendo que los problemas se aglutinen.
Tercero, no haré el papel de Casandra: no sé qué va a pasar. Como las élites políticas y económicas no fueron capaces de dar el cambio tranquilo, intentando congelar un estado social y económico mediocre, la inconformidad se acumula. Es una ley social: el inmovilismo desata rebeliones. Ahí entra la marcha de esta semana: una sumativa de agravios y de sectores sociales, a la sombra de crisis callejeras como las de Ecuador, Bolivia y Chile. Puede que no pase nada, puede que pase mucho. Lo cierto es que es difícil que el país aguante dos años más de marasmo institucional e inestabilidad. La dirigencia actual —no solo el gobierno— está llegando a su máximo nivel de incompetencia. Se necesita un relevo, de mecanismos y políticas, que marque un rumbo.
El Colombiano, 17 de noviembre
Primero, haré el papel del humorista uruguayo Hebert Castro: se les dijo, se les advirtió. Hace poco recordaba un análisis nuestro, realizado en 2014, sobre la inminencia de un auge en la movilización social. Muchos estudiosos —entre ellos Daniel Pécaut— advirtieron que uno de los efectos del acuerdo con las Farc sería el destrabe de la expresión de una inconformidad social contenida por la violencia política.
Segundo, haré el papel de la lechera del cuento: lloraré sobre la leche derramada. Durante la campaña electoral del 2018, las élites políticas y económicas tuvieron la oportunidad de auspiciar una salida reformista a la encrucijada que dejaba el acuerdo con las Farc y al bloqueo político esperable después de los resultados del plebiscito del 2016. La mesa estuvo servida para un acuerdo que le permitiera ganar a una opción de centro, pero no cuajó. La dirigencia liberal —encabezada por César Gaviria— la saboteó, al no facilitar un acuerdo entre Fajardo y De la Calle. Cuando Fajardo tenía probabilidades de pasar a la segunda vuelta, las élites económicas y mediáticas se aculillaron, no lo apoyaron y terminaron apoyando a Iván Duque. Una visión conservadora de la política los hizo dar dos pasos atrás en lugar de dar uno adelante.
Entonces ganó Duque. Hasta ahora ha demostrado que es un mandatario del pasado, que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la población ni del congreso. Nunca tuvo luna de miel, no tiene ninguna posibilidad se sacar una sola de las reformas que necesita el país, ignoró la consulta anticorrupción y su impericia está haciendo que los problemas se aglutinen.
Tercero, no haré el papel de Casandra: no sé qué va a pasar. Como las élites políticas y económicas no fueron capaces de dar el cambio tranquilo, intentando congelar un estado social y económico mediocre, la inconformidad se acumula. Es una ley social: el inmovilismo desata rebeliones. Ahí entra la marcha de esta semana: una sumativa de agravios y de sectores sociales, a la sombra de crisis callejeras como las de Ecuador, Bolivia y Chile. Puede que no pase nada, puede que pase mucho. Lo cierto es que es difícil que el país aguante dos años más de marasmo institucional e inestabilidad. La dirigencia actual —no solo el gobierno— está llegando a su máximo nivel de incompetencia. Se necesita un relevo, de mecanismos y políticas, que marque un rumbo.
El Colombiano, 17 de noviembre
domingo, 17 de noviembre de 2019
sábado, 16 de noviembre de 2019
viernes, 15 de noviembre de 2019
Semana Internacional de Western University
Imagen de la conferencia: "Colombia: An Unstable Peace". London, Ontario, 13 de noviembre.
(Fotografía: Tata Méndez)
jueves, 14 de noviembre de 2019
Bombardear sin guerra
A raíz de los eventos que condujeron a la renuncia del ministro de Defensa aparecieron reacciones de periodistas, expertos y autoridades que son intrínsecamente coherentes, literariamente técnicas y políticamente contradictorias.
La periodista María Isabel Rueda escribió una sesuda columna (“Cuando se disipa el humo”, El Tiempo, 09.11.19) explicando por qué el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo no rechaza sino que permite dar de baja a menores de edad. Cita, de manera acuciosa, una guía del Comité Internacional de la Cruz Roja que admite que “existe la posibilidad de que… los niños que no tienen edad legal para ser reclutados, pierdan la protección contra los ataques directos”. Es decir, que puedan ser matados.
Rafael Nieto Loaiza, experto en el tema y precandidato presidencial, también explicó las razones que permiten sostener que no solo el bombardeo sino la muerte de menores sea admitida por el derecho de guerra. Advierte Nieto que la precaución con los bombardeos y los menores puede tener dos efectos perversos: “incrementará el reclutamiento de menores y afectará la seguridad de todos los colombianos” (“Ataque al campamento de las Farc y el DIH”, El Colombiano, 10.11.19).
En entrevista con El Tiempo, el general Luis Fernando Navarro, ministro encargado, dijo que “a la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ejecutamos para planear esta operación no hubo error” (“El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e)”, El Tiempo, 09.11.19).
Casi perfecto. El problema es que la aplicación del DIH tiene como premisa la aceptación de que el país se encuentra en una situación de conflicto armado interno. Además, el DIH no es discrecional. No se puede aplicarlo para unas cosas y para otras no. Y el DIH no solo permite matar a cierto tipo de personas; también obliga a proteger a muchas más (como los líderes sociales y los reincorporados, por ejemplo). Así que en los tres casos nos encontramos con un argumento falaz, porque ni Rueda ni Nieto ni el gobierno admiten que en Colombia exista un conflicto armado. De hecho, el 30 de octubre el gobierno renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y excluyó la caracterización de la situación colombiana como conflicto armado.
En Colombia nunca hubo mucha coherencia en el uso del DIH. Empezando porque se volvió un tabú admitir que había conflicto armado, y de guerra ni se podía hablar. Pero casi todos los gobiernos hicieron un uso pragmático de ese instrumento. Siguiendo una senda ideologizada, el presidente Duque se enreda la vida porque se obliga a asumir un parámetro más alto (como los derechos humanos) que no será capaz de cumplir. Y vuelve a meter a los militares en el lío de hacer la guerra como si no hubiera guerra.
La periodista María Isabel Rueda escribió una sesuda columna (“Cuando se disipa el humo”, El Tiempo, 09.11.19) explicando por qué el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no solo no rechaza sino que permite dar de baja a menores de edad. Cita, de manera acuciosa, una guía del Comité Internacional de la Cruz Roja que admite que “existe la posibilidad de que… los niños que no tienen edad legal para ser reclutados, pierdan la protección contra los ataques directos”. Es decir, que puedan ser matados.
Rafael Nieto Loaiza, experto en el tema y precandidato presidencial, también explicó las razones que permiten sostener que no solo el bombardeo sino la muerte de menores sea admitida por el derecho de guerra. Advierte Nieto que la precaución con los bombardeos y los menores puede tener dos efectos perversos: “incrementará el reclutamiento de menores y afectará la seguridad de todos los colombianos” (“Ataque al campamento de las Farc y el DIH”, El Colombiano, 10.11.19).
En entrevista con El Tiempo, el general Luis Fernando Navarro, ministro encargado, dijo que “a la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ejecutamos para planear esta operación no hubo error” (“El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e)”, El Tiempo, 09.11.19).
Casi perfecto. El problema es que la aplicación del DIH tiene como premisa la aceptación de que el país se encuentra en una situación de conflicto armado interno. Además, el DIH no es discrecional. No se puede aplicarlo para unas cosas y para otras no. Y el DIH no solo permite matar a cierto tipo de personas; también obliga a proteger a muchas más (como los líderes sociales y los reincorporados, por ejemplo). Así que en los tres casos nos encontramos con un argumento falaz, porque ni Rueda ni Nieto ni el gobierno admiten que en Colombia exista un conflicto armado. De hecho, el 30 de octubre el gobierno renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y excluyó la caracterización de la situación colombiana como conflicto armado.
En Colombia nunca hubo mucha coherencia en el uso del DIH. Empezando porque se volvió un tabú admitir que había conflicto armado, y de guerra ni se podía hablar. Pero casi todos los gobiernos hicieron un uso pragmático de ese instrumento. Siguiendo una senda ideologizada, el presidente Duque se enreda la vida porque se obliga a asumir un parámetro más alto (como los derechos humanos) que no será capaz de cumplir. Y vuelve a meter a los militares en el lío de hacer la guerra como si no hubiera guerra.
martes, 12 de noviembre de 2019
Deas: problemazo
La tendencia colombiana, en mi experiencia, es aglomerar problemas hasta que todo es un problemazo y entonces uno dice no hay nada que hacer. Hay tanto problema sobre la mesa que mejor vamos a otra parte y almorzamos.Malcolm Deas, entrevistado por Juanita León.
La Silla Vacía, 11.11.19
lunes, 11 de noviembre de 2019
Dos en una
Que ellos crezcan:
Todos los cristianos deben haber escuchado alguna vez el versículo 3:30 del evangelio de san Juan que dice: “Que él crezca y yo disminuya”. Ese enunciado de carácter sapiencial está emparentado con distintas tradiciones, la más notable de las cuales quizás sea el I Ching. Se corresponde con una concepción parabólica de la vida que contempla etapas de crecimiento, apogeo y declive, tan lejana de la idea que se instaló en el siglo de las luces de que el tiempo es lineal, ascendente, progresivo.
Sin embargo, el significado más directo tiene que ver con la relación entre dos generaciones que se mueven en el mismo plano vocacional. Juan El Bautista la pronunció para cederle el paso a Jesús. He creído que tiene aplicación más allá de esa especialización de los profetas. Tiene que ver con los dirigentes, los maestros, los padres.
En el ámbito educativo se ha extendido la idea de que la excelencia se prueba superando al maestro. Hay referencias clásicas en el taoísmo, Platón y Marcial. Se trata también de mostrar que el buen maestro logra que sus discípulos le aventajen, en un aspecto u otro. Que esa sea la consecuencia de un buen trabajo, depende de más factores que las solas virtudes del educador. El buen maestro organiza una disposición, pero los resultados suelen ser aleatorios. Por ello es tan desalentadora y censurable la conducta del maestro que recela de sus alumnos y se dedica a entorpecer su trabajo, su carrera, y a empañar sus logros.
Del mismo esperamos que los buenos dirigentes contribuyan a la formación de buenos sucesores. Cabe decir lo mismo de los padres. Es una propiedad de las sociedades jerárquicas que el caudillismo (social), el mandarinato (académico) y el paternalismo (familiar) obstaculicen la movilidad y la equidad.
Inseguridad:
El caudillismo de Álvaro Uribe impidió que el Centro Democrático se dotara de un equipo de expertos en seguridad. El presidente Iván Duque no lo es y ni siquiera tuvo buen ojo para elegir a su ministro de Defensa. El buen dirigente tiene que saber quién sabe y si nombra por amiguismo más que por mérito, pues que se atenga a las consecuencias. El problema es que el que sufre es el país. Hoy, en materia de seguridad, muchas ciudades y regiones del país están peor que hace dos años —y ahí entran Antioquia y Medellín. El Centro Democrático le ha fallado al país, precisamente, en el campo que convirtió en bandera.
Parte del problema es que el país no cuenta con una caracterización de cuáles son los riesgos que afronta. Temas como las regiones fronterizas, la migración ilegal, la amenaza cibernética, los carteles internacionales, el contrabando de oro, las redes internacionales de prostitución, las pandillas urbanas, la industria de los juegos de azar, requieren examen y actualización.
El Colombiano, 10 de noviembre
Todos los cristianos deben haber escuchado alguna vez el versículo 3:30 del evangelio de san Juan que dice: “Que él crezca y yo disminuya”. Ese enunciado de carácter sapiencial está emparentado con distintas tradiciones, la más notable de las cuales quizás sea el I Ching. Se corresponde con una concepción parabólica de la vida que contempla etapas de crecimiento, apogeo y declive, tan lejana de la idea que se instaló en el siglo de las luces de que el tiempo es lineal, ascendente, progresivo.
Sin embargo, el significado más directo tiene que ver con la relación entre dos generaciones que se mueven en el mismo plano vocacional. Juan El Bautista la pronunció para cederle el paso a Jesús. He creído que tiene aplicación más allá de esa especialización de los profetas. Tiene que ver con los dirigentes, los maestros, los padres.
En el ámbito educativo se ha extendido la idea de que la excelencia se prueba superando al maestro. Hay referencias clásicas en el taoísmo, Platón y Marcial. Se trata también de mostrar que el buen maestro logra que sus discípulos le aventajen, en un aspecto u otro. Que esa sea la consecuencia de un buen trabajo, depende de más factores que las solas virtudes del educador. El buen maestro organiza una disposición, pero los resultados suelen ser aleatorios. Por ello es tan desalentadora y censurable la conducta del maestro que recela de sus alumnos y se dedica a entorpecer su trabajo, su carrera, y a empañar sus logros.
Del mismo esperamos que los buenos dirigentes contribuyan a la formación de buenos sucesores. Cabe decir lo mismo de los padres. Es una propiedad de las sociedades jerárquicas que el caudillismo (social), el mandarinato (académico) y el paternalismo (familiar) obstaculicen la movilidad y la equidad.
Inseguridad:
El caudillismo de Álvaro Uribe impidió que el Centro Democrático se dotara de un equipo de expertos en seguridad. El presidente Iván Duque no lo es y ni siquiera tuvo buen ojo para elegir a su ministro de Defensa. El buen dirigente tiene que saber quién sabe y si nombra por amiguismo más que por mérito, pues que se atenga a las consecuencias. El problema es que el que sufre es el país. Hoy, en materia de seguridad, muchas ciudades y regiones del país están peor que hace dos años —y ahí entran Antioquia y Medellín. El Centro Democrático le ha fallado al país, precisamente, en el campo que convirtió en bandera.
Parte del problema es que el país no cuenta con una caracterización de cuáles son los riesgos que afronta. Temas como las regiones fronterizas, la migración ilegal, la amenaza cibernética, los carteles internacionales, el contrabando de oro, las redes internacionales de prostitución, las pandillas urbanas, la industria de los juegos de azar, requieren examen y actualización.
El Colombiano, 10 de noviembre
sábado, 9 de noviembre de 2019
lunes, 4 de noviembre de 2019
Mi carretera
Para las gentes sin arraigo hay muchas carreteras en la vida. Como las que fotografió el recién desaparecido Robert Frank (1924-2019) en Nuevo México. Los telúricos tenemos pocas; yo una: la llamada Troncal del Café que transito constantemente, hace 55 años, entre Envigado y Jardín. Hasta comienzos de los ochenta fue una trocha serpentina que se tragaba cinco horas y más de nuestras vidas en cada trayecto. Poco menos que eso ha vuelto a ser ahora, atisbando la tercera década del siglo XXI.
En algunas cosas es peor. Se paga peaje en Amagá por una vía que no existe. El Ministerio de Transporte tuvo la amabilidad de triplicar el peaje con dos casetas temporales, creadas para un pago preferencial, en las cuales los buses de servicio público deben demostrar que son tales para que les descuenten la mitad de la tarifa. El gobierno tomó esta medida para aliviar a los habitantes del Suroeste, pero el descuento no aplica para vehículos particulares como si ellos sí tuvieran carretera y no sufrieran perjuicio. Poco después de la aplicación de las medidas de mitigación, las empresas transportadoras subieron los pasajes y, en los pueblos, los precios de las mercancías siguieron iguales. El resultado neto fue que los únicos beneficiados por el gobierno fueron los trasportadores y comerciantes pues la gente llana siguió pagando los sobrecostos de la emergencia.
Recuperamos algunas cosas viejas, como la vista imponente del bello Cerro Bravo y la reducción de la estrella de moda, el Cerro Tusa, a una cresta hundida y trajinada detrás de las torres de la iglesia de Venecia. Vemos cosas nuevas, como los pequeños grupos de muchachos venezolanos que deambulan malviviendo de la cosecha cafetera. Me contaron que en Casanare les pagan menos de 200 mil pesos mensuales y aquí, juzgando, por sus vituallas y ropas, por su imposibilidad de subirse a un bus, no debe ser mucho más.
Los políticos —que no han aparecido para ayudarle a la gente— llenaron la carretera de afiches pidiendo el voto. Los diputados de la Asamblea, al fin, quince días antes de elecciones, hicieron una tímida crítica al gobernador. “La declaratoria de la calamidad pública no ha sido abordada por la Gobernación de Antioquia con el debido rigor”, declararon (“Critican baja gestión en vía al Suroeste”, El Colombiano, 12.10.19.). Desidia e ineficacia de Luis Pérez.
Con calma y de buenas maneras se han hecho dos plantones pidiendo soluciones. Nadie responde. Nadie explica nada ni da noticias. Todo indica que la concesión se tomará el año que anunció, y que están felices sin tráfico. El gobierno nacional prometió 11 mil millones para arreglar la vía alterna que ahora transitamos. Si cumple y empieza trabajos que debieron hacerse hace dos años, los tiempos de viaje serán más largos que en la época de Guillermo León Valencia.
El Colombiano, 3 de noviembre
En algunas cosas es peor. Se paga peaje en Amagá por una vía que no existe. El Ministerio de Transporte tuvo la amabilidad de triplicar el peaje con dos casetas temporales, creadas para un pago preferencial, en las cuales los buses de servicio público deben demostrar que son tales para que les descuenten la mitad de la tarifa. El gobierno tomó esta medida para aliviar a los habitantes del Suroeste, pero el descuento no aplica para vehículos particulares como si ellos sí tuvieran carretera y no sufrieran perjuicio. Poco después de la aplicación de las medidas de mitigación, las empresas transportadoras subieron los pasajes y, en los pueblos, los precios de las mercancías siguieron iguales. El resultado neto fue que los únicos beneficiados por el gobierno fueron los trasportadores y comerciantes pues la gente llana siguió pagando los sobrecostos de la emergencia.
Recuperamos algunas cosas viejas, como la vista imponente del bello Cerro Bravo y la reducción de la estrella de moda, el Cerro Tusa, a una cresta hundida y trajinada detrás de las torres de la iglesia de Venecia. Vemos cosas nuevas, como los pequeños grupos de muchachos venezolanos que deambulan malviviendo de la cosecha cafetera. Me contaron que en Casanare les pagan menos de 200 mil pesos mensuales y aquí, juzgando, por sus vituallas y ropas, por su imposibilidad de subirse a un bus, no debe ser mucho más.
Los políticos —que no han aparecido para ayudarle a la gente— llenaron la carretera de afiches pidiendo el voto. Los diputados de la Asamblea, al fin, quince días antes de elecciones, hicieron una tímida crítica al gobernador. “La declaratoria de la calamidad pública no ha sido abordada por la Gobernación de Antioquia con el debido rigor”, declararon (“Critican baja gestión en vía al Suroeste”, El Colombiano, 12.10.19.). Desidia e ineficacia de Luis Pérez.
Con calma y de buenas maneras se han hecho dos plantones pidiendo soluciones. Nadie responde. Nadie explica nada ni da noticias. Todo indica que la concesión se tomará el año que anunció, y que están felices sin tráfico. El gobierno nacional prometió 11 mil millones para arreglar la vía alterna que ahora transitamos. Si cumple y empieza trabajos que debieron hacerse hace dos años, los tiempos de viaje serán más largos que en la época de Guillermo León Valencia.
El Colombiano, 3 de noviembre
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