El presidente de la Confederación General de Trabajadores de Colombia –CGT– denunció amenazas contra los dirigentes de su central por parte de las Farc. El congresista Alfonso Prada, desconcertado, le dijo a un noticiero de televisión que le parecía muy raro que la guerrilla pudiera atacar las organizaciones populares. Es la imagen de dos relatos en pugna acerca de la historia oficial de esa guerrilla.
Los hechos, las estadísticas y las investigaciones rigurosas le dan la razón al sindicalista y dejan en cuestión al congresista.
Veamos la investigación del profesor Andrés Suárez para Urabá (Identidades políticas y exterminio recíproco: masacres y guerra en Urabá, 1991-2001). Muestra que en 28 masacres cometidas por las Farc murieron 207 personas, de ellos 99 trabajadores sindicalizados, 49 pobladores urbanos y 34 campesinos. En un artículo de 2008, Suárez puntualiza que en el mismo periodo el 23% de las masacres con sevicia habían sido cometidas por la guerrilla. Con todas las dificultades para atribuir autoría en una base de datos, la Escuela Nacional Sindical registra 12 sindicalistas del magisterio asesinados por las Farc.
En su trabajo “Tendencias del homicidio político en Colombia, 1975-2004”, Francisco Gutiérrez Sanín sostiene que, además del politicidio contra la Unión Patriótica, ocurrió otro contra los miembros de Esperanza, Paz y Libertad. Según los datos de Suárez el 91% de los militantes de este grupo de izquierda democrática fueron asesinados por las Farc. Adicionalmente, Gutiérrez contabiliza 53.431 homicidios políticos, casi el 48% fuera de combate y muestra un amplio espectro de víctimas políticas, aunque se conocía la filiación de solo el 7%.
Otros factores de victimización en la guerra colombiana son el secuestro y las víctimas por minas antipersona. La primera con alta incidencia de las guerrillas, como lo confirma el trabajo de Fabio Sánchez y otros (2007, 108). Las minas, por su parte, son una tecnología de muerte prácticamente monopolizada por la guerrilla y especialmente por las Farc.
La opinión del poblador, común y corriente, de cualquier región del país respalda estas afirmaciones, como puede verse a través de las encuestas de opinión. Sin embargo, la posición del congresista Prada no es desdeñable. Representa a un sector de la clase política y los intelectuales de tendencia que han tratado de mantener a toda costa una visión altruista y rosa de la guerrilla.
No habrá paz con una historia oficial impuesta que ignore la enorme responsabilidad de la guerrilla en la tragedia humanitaria colombiana. Esa es la gran expectativa con la inclusión del tema de las víctimas en la agenda de La Habana y la confianza que trasmiten los comisionados gubernamentales en la negociación.
Los que tratan de ocultar la violencia guerrillera contra la gente humilde, los que le echan tierra a masacres como la de los guardianes del Inpec en Caquetá, entorpecen un acuerdo digno.
El Colombiano, 9 de junio
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