Robarles a los ladrones

El caso del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno revela las dimensiones que la corrupción ha tomado en Colombia. La muestra más palpable –que debería ser noticia mundial– es que sea precisamente una de las autoridades encargadas del control de la corrupción la que aparezca en un caso aberrante por el tamaño y la velocidad del enriquecimiento ilícito del funcionario. Y porque había sido recién nombrado a pesar de antecedentes dudosos.

Moreno se enriqueció antes de llegar a la Fiscalía mediante un mecanismo muy peculiar: extorsionando a políticos incriminados por parapolítica o por corrupción. El ambiente se creó cuando un número muy alto de políticos se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana gracias a los mecanismos que propicia el régimen político. Los ladrones saben donde está el dinero y no hay víctima más susceptible al chantaje que aquella que no puede recurrir a la autoridad porque sus haberes no son legales.

Este fenómeno de depredación endogámica tiene un antecedente conocido en el crimen organizado. Empezó en los años ochenta, probablemente, con las extorsiones de Pablo Escobar contra los exportadores de cocaína que tenían un poder intimidatorio inferior al suyo. Y prosiguió después de la muerte del capo como mecanismo de redistribución de la riqueza entre los dueños del negocio y los especialistas de la violencia, de monopolizar las herencias de los narcos y recuperar bienes en manos de testaferros.

Ya se han escuchado rumores sobre el uso probable de este mecanismo en las próximas elecciones. Se dice que uno de los precandidatos está aprovechando su influencia en el sistema judicial para extorsionar a los políticos regionales. El trato consistiría en garantizarles impunidad a cambio de que pongan las maquinarias electorales al servicio de su candidatura presidencial. Puros rumores pero, dada la situación, con rasgos de credibilidad.

Que la corrupción es un simple epifenómeno del régimen político lo demuestra el hecho de que a Moreno no lo descubrió ninguna autoridad nacional porque el control y la justicia forman parte del engranaje. Su sindicación provino de un caso que se está juzgando en los Estados Unidos. Lo mismo que pasó con Odebrecht; si la justicia brasileña no investiga y denuncia estaríamos en el silencio de los ingenuos.

En las últimas tres décadas se han dado varias explicaciones para el desbordamiento de la corrupción en Colombia: el narcotráfico con su capacidad de alterar los mercados y la competencia política; las privatizaciones que convirtieron de la noche a la mañana a pequeños políticos en medianos empresarios; el crecimiento económico asociado a actividades rentistas más que productivas. No me cabe duda de que la reelección presidencial ha sido el factor más reciente de estímulo a la corrupción. Y el resultado de la trama no es solo pecuniario. Los dos últimos presidentes sacaron réditos políticos y alteraron la separación de poderes.

El Colombiano, 2 de julio