Manifiesto por la Paz Total

Manifiesto por la Paz Total

Quienes suscribimos este documento compartimos un profundo interés por la erradicación del uso
de las armas como recurso para inducir el cambio social, así como con la superación de la violencia. Algunos de nosotros hemos participado en procesos de paz adelantados por otros gobiernos; otros, los hemos analizado como académicos, autores de libros y participantes en debates públicos. Nos acercamos al proyecto de la “Paz Total” que adelanta el actual gobierno con el anhelo de que tenga éxito, pero tambien con el temor de que no logre sus objetivos. Este manifiesto contiene nuestras propuestas para mejorarlo. Al formularlas tenemos en cuenta las experiencias acumuladas por distintos gobiernos, tanto sus éxitos como sus fracasos.

1. Orden público, treguas y despejes. En cualquier tiempo, pero en especial cuando se adelantan negociaciones con grupos armados ilegales, es menester que el Estado ejerza de manera permanente su obligación de garantizar el orden público. Fragilidades o vacilaciones en este campo pueden estimular e, incluso, fortalecer actividades delictivas. Dado que la búsqueda de la paz es un mandato ineludible, es posible y conveniente pactar el cese al fuego con grupos armados irregulares previa su concentración, al final de un proceso de negociación, en zonas delimitadas. Solo así es posible que organismos imparciales verifiquen el cumplimiento de los compromisos asumidos. Nada más contraproducente que despejes prematuros o sin condiciones.

2. Cese de hostilidades. Nada impide que se pueda y se deba acordar desde ahora un cese de hostilidades, es decir, un claro compromiso de los grupos armados al margen de la ley de la no
afectación de la población civil como señal de un claro compromiso con la paz soñada.

3. Cancelación de los riesgos de neoparamilitarismo. La utilización de grupos de autodefensa para proteger los derechos de ciertos sectores sociales fue uno de los factores que en mayor medida contribuyeron en el pasado a exacerbar la violencia rural. Por esa razón preocupa que se promueva la utilización de un mecanismo parecido, así se conciba inerme, para salvaguardar los intereses de ciertas etnias (guardias indígenas y cimarronas) o comunidades rurales (guardias campesinas). Conviene, por el contrario, reiterar que la protección de los derechos de todos es tarea exclusiva de la Fuerza pública y el poder judicial.

4. Negociaciones de paz y fortalecimiento del Estado. La preservación de la legitimidad institucional implica que los procesos de paz y desmovilización deben ser vistos como una concesión del Estado a quienes se encuentran por fuera de la ley. Se justifican para buscar una mayor solidez institucional, una mayor presencia estatal en el territorio, así como un fortalecimiento de la democracia. El Estado no abdica, se fortalece en beneficio de todos.

5. Objetivos políticos de los acuerdos de paz. El objetivo central de los acuerdos de paz es la desmovilización de los combatientes, la dejación de las armas y su participación en la vida
democrática para la promoción de sus idearios de cambio social. Esta afirmación tiene especial relevancia luego de que se acordaran en 2016 amplios compromisos de reforma institucional y
ambiciosas políticas que deben ser cumplidas. Y teniendo en cuenta, además, que el gobierno actual, dado su perfil ideológico, está especialmente llamado a liderar el cambio social en aras de lograr mayor equidad.

6. Validación política de eventuales acuerdos. Si esos eventuales acuerdos incluyeren ajustes normativos, su factibilidad depende de que se materialicen en una sola iniciativa. Esto excluye la posibilidad de implementaciones parciales de acuerdos con una sola contraparte, o sucesivas en la medida en que se culminan las negociaciones con diferentes actores violentos. La lógica de la Paz Total conduce a una paz unitaria, en especial si se pretende, como debe ser, alcanzarla por un solo gobierno.

7. Estructura de los procesos de negociación. En cuanto a las negociaciones mismas, la experiencia indica que es necesario la adopción de agendas acotadas y una cierta secuencia que permita abordar primero los asuntos sustantivos, y luego, en función suya, las reglas de implementación. Es tambien deseable establecer cronogramas de negociación en función del ciclo electoral.

8. La paz como política de Estado. El gobierno, como elemento integrante de un Estado de Derecho, tiene competencias restringidas; de ordinario asume frente a actores armados compromisos que deben ser confirmados por otros órganos del poder público. Con relación al Congreso, eje de la representación popular, sus decisiones dependen del respaldo de las fuerzas políticas que lo constituyen. Los acuerdos de paz tienen que servir para aglutinar a la Nación, no para fracturarla. Para que la Paz Total sea una política de Estado no basta afirmarlo; se requiere el respaldo de una amplia alianza de los partidos y de la sociedad civil, tanto a los procesos como a sus resultados. De ahí, la significación de un “acuerdo nacional”, tal como está previsto en el documento firmado en México.

9. Objetivos de la Ley de Sometimiento. Respecto de la Ley de Sometimiento que el Congreso discute será menester estar seguros de que servirá para combatir con éxito empresas criminales generaradoras de inmensos réditos económicos. No podemos resignarnos a patrocinar una mera renovación de élites delincuenciales.

10. Negociaciones con disidentes y reincidentes. Respecto de grupos armados que ya tuvieron la posibilidad de negociar con el Estado, o que traicionaron los compromisos asumidos, es preciso proceder con especial cautela para evitar un círculo vicioso de negociaciones, fracturas, incumplimientos y nuevos acuerdos. El ideal sería, incluso, que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC EP, dado que la casi totalidad de sus actuales dirigentes de
ambos grupos refrendaron esos acuerdos en la X Conferencia celebrada los Llanos del Yarí (Caquetá) en el 2016.

11. Consultas con la sociedad civil. La realización de consultas con algunos segmentos de la sociedad civil, que por supuesto son valiosas, no sustituyen ni acotan las competencias de las instituciones. De ellas pueden surgir compromisos políticos para el gobierno actual y para nadie más. De allí la importancia de un respaldo social generalizado a lo largo de las negociaciones y luego de celebrados los eventuales acuerdos.

12. El papel de la comunidad internacional. Es valiosa la participación de la comunidad internacional para facilitar eventuales compromisos. En la coyuntura actual ellos son de singular importancia para Venezuela cuyo territorio ha sido invadido por grupos armados de origen colombiano. Cuba, que abandonó hace muchos años la promoción de cambios sociales violentos en la región e intenta ser un actor constructivo en la política hemisférica, puede realizar aportes valiosos a la solución de negociaciones en curso.

Suscriben este documento,
Eduardo Pizarro León-Gómez, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Nacional y de varias universidades extranjeras, embajador de Colombia en los Países Bajos; Moisés Wasserman, doctor en bioquímica, exrector de la Universidad Nacional, columnista; Francisco Thoumi, PHD en economía, profesor universitario en Estados Unidos y en Colombia, consultor internacional; Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa, es-ministro del Trabajo, exsenador, ex-Alto Consejero de Paz para el postconflicto; Jorge Giraldo, profesor emérito de la Universidad Eafit; Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y Energía, jefe negociador en las negociaciones con el ELN; Alvaro Guzmán Barney, Ph.D en sociología, exprofesor de la Universidad del Valle; Enrique Santos Calderón, periodista, negociador de paz con las FARC; Armando Borrero, Ex-consejero Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional; Andrés Caro, abogado, profesor de la Universidad de los Andes; Luz Helena Sarmiento, ingeniera, exministra de Ambiente, negociadora de paz con el ELN; Gloria María Borrero, exministra de Justicia, ex directora de la Corporación Excelencia en la Justicia Excelencia, investigadora; Jorge H. Botero, exministro de comercio, columnista; Jorge Orlando Melo, historiador; Alejandro Reyes Posada, sociólogo, experto en asuntos agrarios, asesor en procesos de paz; Freddy Padilla de León, general en uso de buen retiro del Ejército Nacional; Francisco Leal Buitrago, profesor emérito, Universidad Nacional de Colombia; Gustavo Duncan, profesor de EAFIT; Rafael Aubad, ex rector de la Universidad de Antioquia, ex director de Proantioquia; Camilo Reyes, exministro de Relaciones Exteriores, exembajador en los Estados Unidos; Luz Helena Sarmiento, exministra de Ambiente, ex negociadora de paz con el ELN.

Bogotá, mayo de 2023