lunes, 27 de marzo de 2017

Participación política de las Farc

El asunto de la participación de las Farc en la política democrática se discutió en tres de los puntos de la agenda de La Habana: en el segundo, ídem; en el tercero, fin del conflicto; y en el quinto, el de víctimas. En el segundo se acordaron las circunscripciones especiales, en el tercero las diez curules para las Farc y en el quinto que no habría pérdida de los derechos políticos para los condenados por la justicia transicional. No es un secreto, pero a la opinión pública se le escapa que esos arreglos los hicieron tres comisiones distintas del gobierno. El segundo por los negociadores oficiales; el tercero por una comisión de ministros y congresistas liderada por Cristo; el quinto, por una comisión de abogados. Estos dos últimos casos implicaron que, en su afán por destrabar la negociación, Santos les dio un golpe de Estado a de la Calle, Jaramillo y compañía, y puso negociadores de ocasión a que sacaran eso como fuera.

En los puntos dos y tres se definieron la creación de nuevos movimientos políticos, como acontece en cualquier solución de un conflicto de naturaleza política, y la forma en que las Farc accederían al congreso. Es decir, la participación política de las Farc como organización. En el punto quinto se definía la participación de algunos individuos de las Farc en política; cosa muy diferente. Básicamente se acordó que un miembro de las Farc condenado por delitos de lesa humanidad podrá, a la vez, aspirar a cargos públicos.

Este entuerto no se pudo resolver en la discusión del acto legislativo que le da rango constitucional a la jurisdicción especial para la paz, ni tampoco en la conciliación del texto final. El senador Carlos Fernando Galán intentó introducir la tímida aclaración de que los desmovilizados que incumplieran los acuerdos perderían esa gabela pero no pudo. El senador Roy Barreras abortó el debate y terminó evitándoles el disgusto a los comandantes de las Farc.

Que una persona condenada por delitos de lesa humanidad no pierda los derechos políticos no tiene asidero. Jurídico no, por supuesto. Moral, menos. He sostenido en repetidas ocasiones que es una ofensa para las víctimas que los victimarios más reconocidos ocupen cargos de representación pública. El argumento que ha usado el gobierno para defender este punto es la de la participación política pero se trata de una falacia: una cosa es el movimiento político y otra uno de sus miembros condenados.

El jurista Rodrigo Uprimny tiene la esperanza de que los magistrados del Tribunal Especial para la Paz puedan introducir sanciones políticas en sus fallos. Ojalá. Yo creo que otra posibilidad sería que los miembros de las Farc condenados renuncien voluntariamente a la elegibilidad política como acto de reparación simbólica a la sociedad colombiana. Dada su trayectoria hay pocas probabilidades de que ocurra.

El Colombiano, 26 de marzo

martes, 21 de marzo de 2017

Las ideas en la guerra: Salomón Kalmanovitz

Las ideas por la paz y la corrupción

Salomón Kalmanovitz

El Espectador, 20 de marzo de 2017

Hoy en día todos hablan de paz, pero hace 30 o 40 años eran pocas las voces que se alzaban contra las ideas comunistas, cristianas o nacionalistas que hacían la apología de la violencia. Estanislao Zuleta, Francisco de Roux, Jorge Orlando Melo y Antanas Mockus fueron intelectuales que insistieron en que los proyectos de revolución o de liberación nacional, apoyados en la violencia, conducían al fracaso de esas luchas, empeoraban incluso las condiciones de vida de la población afectada. Este es uno de los temas del libro de Jorge Giraldo Las ideas en la guerra.

Antanas planteó que la ley, la moral y las cultura están en colisión en Colombia: no existe el imperio de la ley, la moral religiosa cesó de operar sin alcanzar a ser reemplazada por una moral laica y la cultura del oportunista hace parte del imaginario nacional. Se propuso por medio de la política limpia y de la educación transformar pacíficamente la sociedad.

Esas ideas por la paz fueron cuajando con el debilitamiento militar de las Farc y con el gran revés político que sufrió, expresado por las enormes manifestaciones contra el secuestro de febrero de 2008, a la vez que la izquierda pacífica obtenía victorias electorales por toda América Latina y en Colombia. Juan Manuel Santos tuvo la visión de que las condiciones estaban maduras para emprender una negociación exitosa que llevara a la desmovilización de las Farc, pero se ha encontrado con escollos a lo largo del camino; el más reciente ha sido el surgimiento de evidencias de corrupción en sus campañas presidenciales.

Los conservadores están de plácemes: exagera Osuna cuando iguala a Samper con Santos, como si recibir US$ 6 millones de la mafia en 1993 fuera lo mismo que aceptar US$ 400.000 de una empresa entonces respetable en 2010; ambos exhiben, es cierto y reprochable, evasión de responsabilidad.

Antanas minimizó la extraña acusación del Partido Verde —“Nos robaron las elecciones”— como si la ola verde hubiera sido de su autoría o sin tener en cuenta el derrumbe autoinfligido por el candidato en el remate de la campaña de 2010. Algún personaje de la internet le pide a Antanas que se vaya del país, aduciendo que no es colombiano, expresando una versión local del nacionalismo trumpista; un columnista afirma que Antanas recibió contratos de Santos y seguramente por eso lo defiende. Lo cierto es que Mockus prioriza la paz como un bien superior, suficiente razón para defender al presidente.

La corrupción hace parte de la política cuando esta reposa en el clientelismo. Mientras mayor el recurso al clientelismo como base de los gobiernos, es mayor la corrupción, que es claramente el caso colombiano. Lincoln hizo intercambios políticos para hacer aprobar la enmienda constitucional que prohibió la esclavitud; lo que aquí llamamos peyorativamente mermelada puede ser un intercambio legítimo en el que el poder central entrega recursos a las regiones a cambio del apoyo de sus representantes en ciertas decisiones.

La acusación de que todos son corruptos, enarbolada incluso por los más corruptos y violentos, impide que se busquen los cambios institucionales que penalicen el desvío de recursos; se encubren además malas prácticas graves y sistémicas, como las que envuelven a las altas cortes y a la Procuraduría o las que conducen a la apropiación de recursos públicos, evidentes en las pensiones ($36 billones, 4,5 % del PIB) aprobadas por los que las disfrutan.

lunes, 20 de marzo de 2017

Seriedad

La corrupción está bastante extendida en el mundo, pero hay dos diferencias básicas entre los países. La primera, allí donde la corrupción está en el engranaje del funcionamiento de la administración o allá donde se trata de una anomalía, el famoso “caso aislado”. La segunda es la característica de aquellos países que tienen instituciones y líderes que pueden sancionar a los corruptos, la primera corresponde a los que no lo hacen.

Basta echar un vistazo a las noticias de este marzo para ver cómo son las cosas. En Corea del Sur acaban de destituir a la presidenta Park Geun-hye; en Brasil, una nueva lista de más de 80 políticos y funcionarios sospechosos engrosó el caso que ya se llevó por delante a Dilma Rousseff; en Perú, hay orden de captura contra un expresidente con allanamiento de su casa incluido. El contraste con Colombia no puede ser más patético: un mes de escándalo centrado en un excongresista, un excandidato y varios personajes de poca monta que participaron en las campañas de 2010 y 2014; el Presidente en las pantallas el 14 de marzo repitiendo sin imaginación ni emoción el verso aquel de Pedro Flores, “yo no sé nada… si algo pasó yo no estaba allí”.

Ese es mi resumen. Lo que dijo textualmente fue: “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que acaba de suceder y del que me acabo de enterar”, dijo el mandatario (“Santos asegura que no autorizó ni sabía de dinero de Odebrecht”, El Tiempo, 14.03.17). Una corrección al Presidente, nada había acabado de suceder, estaba pasando desde el 2010 y volvió a pasar en el 2014, y todo indica que seguía pasando hasta la semana pasada. Concedámosle al Presidente que no sabía por la simple razón de que el diseño institucional está hecho para garantizar que las cosas se hagan sin que sea necesario que el máximo responsable se entere de los detalles.

Es probable que la falta de experiencia de Santos en política electoral y su estilo de delegar irresponsablemente le hayan impedido saber que estaba haciendo su gerente de campaña y reconocido hombre de confianza. Pero eso no lo exime de responsabilidad. Durante siete años no tomó una sola medida para mejorar su equipo ni auditar el comportamiento de sus colaboradores. Y durante siete años no hizo nada para mejorar las condiciones institucionales para prevenir la corrupción. Al contrario, contribuyó a empeorar esas condiciones, destrozando la ya precaria separación de poderes en el país y socavando su legitimidad.

No hay seriedad en el gobierno y está por verse si la haya en el Estado; solo se ve frivolidad entre los dirigentes y en la sociedad. Y mucho cinismo. Recuerdo las burlas de hace siete años cuando algunos gritaban “yo vine porque quise, a mí no me pagaron”.

El Colombiano
, 19 de marzo

lunes, 13 de marzo de 2017

Machismo

Distintos especialistas en temas de violencia y crimen en Latinoamérica han listado las principales explicaciones sobre el homicidio y las lesiones personales en nuestra región, que es la que encabeza las estadísticas mundiales. Ellos –Jeremy Macdermott, Robert Muggah, Mauricio Rubio, entre otros– han señalado el machismo como uno de los factores que más inciden en el crimen sangriento.

Dicho así, de modo escueto, la palabra machismo es más lo que oculta que lo explica. En tiempos del narcisismo de las pequeñas diferencias y del éxito abrumador de reivindicaciones particularistas, el machismo se entiende como un asunto de la relación entre hombres y mujeres, una rango que puede abarcar cosas tan equívocas como el llamado lenguaje de género y los piropos, hasta la violencia intrafamiliar y el asesinato de mujeres (por parte de hombres, obvio) que algunos lograron etiquetar como “feminicidio”.

Los expertos nombrados no caen en esa equivocación. En nuestro continente la participación de las mujeres entre las víctimas del homicidio es inferior al 10% del total, mientras en Europa las mujeres representan el 20% y más de los mismos. Es decir, por estos lares por cada mujer asesinada mueren diez hombres, mientras por allá la relación es de una a cuatro. En Argentina, el caso más cubierto por la prensa internacional debido a casos crecientes y escabrosos, la relación es casi la misma (a pesar de su baja tasa de homicidios): una mujer entre cada diez asesinados (286 entre 2.837 en 2015).

La mayoría de los muertos son hombres jóvenes y la inmensa mayoría de los asesinos también. El machismo está entre las principales explicaciones culturales de la violencia social. Las principales víctimas del machismo son los varones. El machismo es la exacerbación de los rasgos de dominación, fuerza, honor y otros atributos parecidos. En nuestra educación sentimental se educa en el machismo cuando se enseña a no tener miedo ni a llorar, a ocultar debilidades y no saber perder.

Hay sublimaciones del machismo que provienen de la publicidad y la mercadotecnia. La figura de hombre que piden tiene que ser temeraria, exitosa, ruda y preferentemente brutal. Un hombre “pa’las que sea”, como le gusta a la gerencia de la Fábrica de Licores de Antioquia. Pa’las que sea eran Pablo Escobar, Tirofijo y Carlos Castaño. Así que no debemos extrañarnos de que los machos se reproduzcan como pokemones, ni que las muchachas despistadas sigan deseando tipos bravos que las mantengan hasta la muerte, que llega rápido porque los más machos mueren pronto.

No le hace bien a la sociedad que las feministas sigan echando el cuento de que el machismo es un problema de mujeres. El machismo es un problema de toda la sociedad y más aún en sociedades violentas como la colombiana. Y hay mecanismos más eficaces para resolverla que decir ellos y ellas.

El Colombiano, 12 de marzo.

lunes, 6 de marzo de 2017

Historias locales

Vengamos a la tierra nuestra, cotidiana, la parte más concreta y, a la vez, invisible de nuestra vida. De la mano de los contadores de historias, profesionales o no, que se ocupan de lugares que han amado o que están empezando a amar por puro telurismo, conciencia o aprendizaje. Historias que siguen fijándose al papel y creando insospechadas posibilidades para otros exploradores. Y vengamos hacia atrás en el tiempo y hacia el sur en el espacio.

Mala hierba (2016) es el resultado de un trabajo de investigación apalancado en el presupuesto participativo y canalizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Lo llevó a cabo Carlos Alberto David, baterista de la banda Desadaptadoz y trata como lo dice el subtítulo de la historia del punk en Castilla, aunque más bien habla del rock en la comuna 5 de Medellín en los últimos 30 años. Conociendo las limitaciones de este tipo de proyectos, el libro demuestra la curiosidad y el cuidado previsor de un artista popular que le regala a la ciudad un pedazo de memoria tejido con trozos de fanzines, boletas, fotos, entrevistas e, incluso, mapeo de los lugares propios de la trayectoria del rock barrial.

En El arca de Noé (2007), el periodista John Saldarriaga penetra las corazas naturales que rodean a los protagonistas silenciosos de cualquier poblado quienes suelen confundirse en su mutismo con los templos, las estatuas y las calles. En este caso el poblado es Envigado y el tiempo es un ayer recordado. Comerciantes, vagos estrafalarios, artesanos, tertulianos aficionados a destruir el mundo en la mañana y a componerlo por la tarde. Saldarriaga nos ayuda a varias generaciones a darle sentido al paisaje humano en que crecimos y a darles voz a vecinos anónimos que esconden su adarme de locura y de ingenio. Esteban París ilustró este trabajo que no agota lo que ha dicho el autor sobre su tierra.

Santiago Jaramillo, Daniel Bustamante y Alejandro Montoya (ilustrador) nos llevan un par de generaciones más atrás y centenar y medio de kilómetros al sur, en Viaje a Balandú (2016). Con la excusa de buscar la geografía primigenia de Manuel Mejía Vallejo se desplazan del cemento al barro para andarse los caminos que la guerra había cerrado, internándose desde Jardín hasta Santa Gertrudis, La Mesenia y El Rosario, invocando los fantasmas de La casa de las dos palmas y La noche de la vigilia. Curiosamente, John Saldarriaga había titulado “La magia de Balandú” un par de crónicas escritas en un viaje similar y que fueron recogidas en libro por la editorial de la UPB (Vida y milagros, 2014). No hay redundancia: la belleza del suroeste antioqueño y de sus contigüidades en Risaralda y Chocó; el embrujo del Citará, sus ríos y sus abismos, sus plantas y la fauna que recién descubrimos, siguen demandando narradores.

El Colombiano, 5 de marzo

lunes, 27 de febrero de 2017

Responsabilidad por la corrupción

La corrupción es un hecho social que resulta de arreglos institucionales (corrupción sistémica) y acciones individuales (corrupción como desviación). Para todos, excepción hecha de algunos personajes complacientes, es evidente que la corrupción en Colombia hace parte ya del sistema administrativo. Casos aberrantes como el de La Guajira salen a la luz simplemente porque no saben robar. Se roba con impunidad cuando se crea la regla, se manejan los recursos, se nombran los contralores.

Todo hecho social resulta de un conjunto de acciones humanas en las que participa mucha gente con diversas intenciones y propósitos, y diversos niveles de conocimiento o sentido estratégico. Las reflexiones éticas sobre la responsabilidad –que prácticamente se circunscriben al siglo XX– ayudan a entender los pilares de la responsabilidad.

Menciono algunas conclusiones filosóficas: la responsabilidad “consiste en deliberar sobre las opciones antes de actuar”, tomar las mejores decisiones para todos los afectados y preocuparse por las consecuencias dañinas sobre los demás (Nussbaum). La responsabilidad es mayor mientras mayor sea el poder o la influencia de quienes participan en las acciones (Jonas). “La responsabilidad política existe con total independencia de los actos de los individuos concretos que forman el grupo” (Arendt). En últimas, la responsabilidad siempre es personal (Young).

A falta de más espacio, espero que los lectores entiendan una noción más completa de la responsabilidad política: el más poderoso es más responsable y lo es así no haya sido el ejecutor directo del acto que se reprocha. A pesar del cinismo contemporáneo, el año pasado tuvimos casos de actuaciones responsables en Gran Bretaña e Italia, cuando los respectivos primeros ministros David Cameron y Matteo Renzi renunciaron a sus cargos por los resultados fallidos de sus iniciativas gubernamentales.

En Colombia se renunciaba: López Pumarejo y Laureano Gómez dejaron la presidencia, Darío Echandía convirtió la renuncia en un magisterio. Desde entonces, solo Humberto de la Calle se atreve: renunció a la vicepresidencia en 1996 y a su cargo de negociador de paz 20 años después. Es probable que si se deja acompañar del liberalismo y del partido de la U le toque renunciar a la presidencia, de ganarla. Con sus renuncias De la Calle dejó en evidencia la falta de responsabilidad, por lo menos, de Samper y Santos.

Se dijo el año pasado que no era lo mismo renunciar en un régimen parlamentario que en uno presidencialista. Verdad a medias. Genera menos inestabilidad la caída de un primer ministro pero tiene más responsabilidad un presidente. Sobre todo en países como Colombia donde el republicanismo está teñido de tonos aristocráticos. El republicanismo aristocrático pretende que los dirigentes sean modelos para elevar el nivel moral de la masa inculta. A los altos cargos se les llamaba dignatarios, por aquello de la dignidad del cargo. ¿No perjudica más a las instituciones la permanencia de dignatarios sin dignidad?

El Colombiano, 26 de febrero

lunes, 20 de febrero de 2017

Confianza es la clave

El caso de Odebrecht ha suscitado muchas reacciones entre los generadores de opinión pública. Me ocuparé de una. Diana Calderón, directora de noticias de Caracol, actuó con presteza para defender al Presidente de la República en un periódico español (“Instituciones a prueba”, El País, 11.02.17). Los argumentos básicos de Calderón son malos. El primero es que es una irresponsabilidad “hacer política con las instituciones en medio de la catástrofe”, es decir, el viejo dicho perverso de que lo mata es el escándalo. De otra manera, mejor tapar antes que debilitar el poder presidencial. El segundo es que tenemos que “dejar a la justicia actuar” y devolverle “a Santos al menos la presunción de inocencia”.

Que el primer argumento es malo lo dice la experiencia reciente y toda la literatura sobre lucha contra la corrupción. Sociedades con veeduría y controles civiles fuertes, con libertad de expresión y suficiente poder moral, son imprescindibles para vigilar el manejo de la cosa pública. Nuestro problema es que acá hay poco escándalo, porque pocos denuncian y pocos se asombran. El problema es la corrupción, no la denuncia de la corrupción.

El segundo es peor. La opinión pública no ejerce justicia y no se le puede pedir que calle mientras los tribunales se pronuncian. Que la directora de un medio de noticias pida que nos callemos y que esperemos el dictamen de los jueces es una vergüenza, al menos argumentativa. Los magistrados del poder público no solo responden ante los tribunales, responden ante los electores. Y a ese responder es al que se llama responsabilidad. No es necesario que vayan a la cárcel pero sería obligatorio, en una sociedad bien ordenada, que respondieran.

El problema con Santos no son los 12 millones de Comba, ni la vueltecita gratis (eso dijo) de JJ Rendón, ni el miserable millón de Odebrecht. Asumamos que él nada supo, aunque nadie puede decir que no pasó nada. El problema con el Presidente es de confianza; a él no le cree la mayoría de la población y no parece importarle. Los partidos y congresistas tampoco le creen; transan al contado.

Como dice el filósofo Byun Chul-han, “confianza significa: a pesar del no saber en relación con el otro, construir una relación positiva con él” (La sociedad de la transparencia, Herder, 2013). Que la corrupción es sistémica, es verdad. Como también lo es que Santos ha propiciado incentivos y oportunidades para que aumente, y que no ha hecho nada para detenerla. El Presidente tenía que haber mostrado voluntad de controlar a los corruptos pero, al contrario, los hizo aliados. En esta inacción se pierden más de mil millones de dólares al año. Ante los tribunales el Presidente tiene que ser objeto de la presunción de inocencia, pero todo indica que ante los ciudadanos no goza del beneficio de la duda.

El Colombiano, 19 de febrero