Las señales que muestran la falta de argumentos en materia de política electoral son alarmantes. No me refiero a las redes sociales –en las que no participo– sino a los comentarios personales de gente ilustrada y a las opiniones que se cuelan en las conversaciones semipúblicas y en la prensa. Expondré algunos.
Empecemos por Gustavo Petro, el demonio público del día, como en su día lo fueron Álvaro Gómez o Rojas Pinilla. Hace apenas cuatro años, el apoyo de Petro a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos resultó decisivo para el triunfo de este, y para la vicepresidencia de Vargas Lleras. Nadie dijo ni mú, hoy aparece como el intocable, el paria, sin que nadie explique por qué. ¿Cambió tanto Petro en cuatro años? Qué tan raro.
Sigamos con la frase del año: “por el que diga Uribe”. Acá está una de las pruebas más evidentes de irracionalidad. Baste recordar que en las elecciones del 2010, el que dijo Álvaro Uribe fue Juan Manuel Santos. El resultado fue más malo que regular para Colombia y nefasto para el uribismo. Y, sin embargo, millones de personas siguen esperando que Uribe les diga por quien votar. A mí por lo menos me queda claro que para eso Uribe no sirve, pero en esas andamos. Qué tan raro.
Desde que Petro se retiró del Senado de la República, cada año, consistentemente, el senador mejor calificado en el país ha sido Jorge Robledo. No en encuestas impersonales; esa ha sido la conclusión de estudios enfocados en los llamados líderes de opinión. Pues bien, ahora resulta que el apoyo del mejor senador del país se esgrime como salida para descalificar la alternativa presidencial de Sergio Fajardo. Qué tan raro.
A propósito de Robledo. Cuando andaba en el mismo partido con Carlos Gaviria Díaz, a los progresistas no les parecía tan mal tipo. Aunque sus ideas económicas, cercanas a las de Laureano Gómez –según Salomón Kalmanovitz–, eran las mismas. Qué tan raro.
Solo uno de los candidatos presidenciales está en el centro del entramado de corrupción de Odebrecht, en el ombligo de todos los robos al erario público en el departamento de Córdoba y, por supuesto, en la cadena administrativa que involucró a los contratistas inexpertos a quienes se les cayó el puente de Chirajara. Se llama Germán Vargas Lleras. Por cosas menores se cuestiona a la mayoría de aspirantes a la Presidencia. Pero de Vargas Lleras nadie habla en estos casos. Qué tan raro.
Víctima de la acusación temeraria y no probada de gobernar con el paramilitarismo, comentaristas cercanos al Centro Democrático pagan con la misma moneda tratando de confundir a la opinión con la especie de que todos los demás candidatos, excepto Vargas, son amigos de la Farc o testaferros políticos de ella. Muy raro y muy ridículo.
El Colombiano, 28 de enero
Un sitio sobre filosofía práctica, cultura popular y política
lunes, 29 de enero de 2018
lunes, 22 de enero de 2018
Contratistas 2
Después de publicada la columna anterior sobre el tema de los contratistas han pasado algunas cosas y he recibido algunos comentarios razonados, cosa rara en estos tiempos de iracundia, irreflexión y tozudez.
Empiezo por las reflexiones. El colega Santiago Leyva, de la Universidad Eafit, me hizo un apunte sobre una preocupación que le ronda hace tiempos y que tiene que ver con la acumulación de conocimiento y la construcción de capacidades en el sector público. El sistema de contratación vigente en el país impide que eso ocurra; el aprendizaje es un valor añadido que gana el contratista y que se convierte en un factor de negociación y presión sobre los entes oficiales.
Otro profesional me señaló el asunto de la rotación excesiva en los cargos de nivel gerencial, no solo en la administración sino también en las empresas comerciales e industriales del Estado. “Como cambian de gerente, también cambian muchos puestos técnicos de alto nivel, al punto de que ya los funcionarios de carrera, prácticamente no pueden llegar a las grandes gerencias porque estas se han vuelto más políticas que otra cosa quitándoles eficiencia a las empresas”, me escribió.
Hablé de la pérdida de poder simbólico del Estado. El personalismo de los gobernantes lleva a que quede la idea de lo bueno lo hizo fulano, lo malo el Estado (o viceversa si habla la oposición). Y sirve para la más inútil de las contrataciones de hoy: la papelería de las administraciones. Porque ya no importa la administración sino el fulano a cargo. Cada cuatro años cambio de foto, de lema y de colores. ¿Cuánto vale? ¿Qué proporción del presupuesto de un pequeño municipio se pierde en este contrato?
El presidente Santos acabó de echar al director de Colciencias César Ocampo. En entrevista reciente (“Colciencias debería ser una entidad libre de clientelismo”, El Tiempo, 16.01.17), Ocampo señaló que en la entidad “se habían delegado competencias en materia de contratación y toma de decisión a la subdirección general y a la secretaría general” y que eso permitió irregularidades como la contratación de “personas con formación de bachiller o técnico con honorarios de hasta 5 millones de pesos, y otras, con formación de doctorado, con honorarios de un rango similar”. Ocampo quería hacerse cargo, pues era su responsabilidad, pero el Presidente no quiso ceder la máquina contratante.
Se cayó el puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, a cargo de una empresa propiedad del único amigo fiel de Santos, Luis Carlos Sarmiento, quien llegó a la infraestructura como contratista neófito. La obra era un puente de 440 metros de longitud que no lo hace cualquiera. Con la idea de que si hay plata y hay contrato se puede hacer cualquier cosa, se elabora la filosofía del contratismo. Esperemos a ver quién lo paga y a quién contratan para volverlo a hacer.
El Colombiano, 21 de enero.
Empiezo por las reflexiones. El colega Santiago Leyva, de la Universidad Eafit, me hizo un apunte sobre una preocupación que le ronda hace tiempos y que tiene que ver con la acumulación de conocimiento y la construcción de capacidades en el sector público. El sistema de contratación vigente en el país impide que eso ocurra; el aprendizaje es un valor añadido que gana el contratista y que se convierte en un factor de negociación y presión sobre los entes oficiales.
Otro profesional me señaló el asunto de la rotación excesiva en los cargos de nivel gerencial, no solo en la administración sino también en las empresas comerciales e industriales del Estado. “Como cambian de gerente, también cambian muchos puestos técnicos de alto nivel, al punto de que ya los funcionarios de carrera, prácticamente no pueden llegar a las grandes gerencias porque estas se han vuelto más políticas que otra cosa quitándoles eficiencia a las empresas”, me escribió.
Hablé de la pérdida de poder simbólico del Estado. El personalismo de los gobernantes lleva a que quede la idea de lo bueno lo hizo fulano, lo malo el Estado (o viceversa si habla la oposición). Y sirve para la más inútil de las contrataciones de hoy: la papelería de las administraciones. Porque ya no importa la administración sino el fulano a cargo. Cada cuatro años cambio de foto, de lema y de colores. ¿Cuánto vale? ¿Qué proporción del presupuesto de un pequeño municipio se pierde en este contrato?
El presidente Santos acabó de echar al director de Colciencias César Ocampo. En entrevista reciente (“Colciencias debería ser una entidad libre de clientelismo”, El Tiempo, 16.01.17), Ocampo señaló que en la entidad “se habían delegado competencias en materia de contratación y toma de decisión a la subdirección general y a la secretaría general” y que eso permitió irregularidades como la contratación de “personas con formación de bachiller o técnico con honorarios de hasta 5 millones de pesos, y otras, con formación de doctorado, con honorarios de un rango similar”. Ocampo quería hacerse cargo, pues era su responsabilidad, pero el Presidente no quiso ceder la máquina contratante.
Se cayó el puente de Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, a cargo de una empresa propiedad del único amigo fiel de Santos, Luis Carlos Sarmiento, quien llegó a la infraestructura como contratista neófito. La obra era un puente de 440 metros de longitud que no lo hace cualquiera. Con la idea de que si hay plata y hay contrato se puede hacer cualquier cosa, se elabora la filosofía del contratismo. Esperemos a ver quién lo paga y a quién contratan para volverlo a hacer.
El Colombiano, 21 de enero.
lunes, 15 de enero de 2018
Contratistas
Titular de noticia decembrina: “Indignación por foto de contratistas de la Alcaldía de Medellín con Popeye” (El Colombiano, 29.12.17). Confieso que no leí la nota; basta la foto de un par de personas con chalecos de la Alcaldía tomándole fotos a una compañera con John Jairo Velásquez, sicario de Pablo Escobar. Dada la fecha de la publicación, puede suponerse que los hechos ocurrieron el Día de los Inocentes.
El Estado colombiano creó hace tiempo un sistema de operación que descansa en los contratistas, que se disparó después de las reformas de César Gaviria. Mi impresión es que si uno le quita los contratistas a un ente estatal, especialmente las alcaldías y las gobernaciones, lo que resta de acción estatal es muy poco. Pongamos como caso el municipio de Medellín. El grueso de los empleados públicos son maestros, guardas de tránsito y un pequeño grupo de personal administrativo compuesto por interventores y secretarias. La ejecución de las políticas públicas depende, en lo fundamental, de contratistas. Esta distribución subvierte la filosofía de toda contratación, cual es, procurar que terceros hagan aquellas actividades que no están en el meollo de la misión institucional.
Cuando el 80% de la actividad de la administración (esa es la cifra que me da una fuente) la hacen los contratistas, eso significa ni más ni menos que la ciudadanía está en manos de entes privados. No se trata solo de hacer andenes o tapar huecos. Estamos hablando de atención a primera infancia, cuidado del espacio público, prestación de servicios de nutrición escolar o salud. Tampoco se trata una simple prestación de servicios sino de delegación de funciones públicas que podrían implicar ingresos para el municipio. Y si no, ¿quién establece la fotomulta de tránsito y la recauda? ¿quién da las licencias de construcción y cobra por ello? ¿quién da los certificados tecnomecánicos, entre otros, y recibe los pagos?
El hecho de que la administración pública descanse en los contratistas tiene dos efectos perversos adicionales. Uno es la corrupción pues, como se sabe, los apoyos electorales y la financiación de campañas se suelen pagar con contratos. Normalmente a personas y entidades que no saben nada sino que funcionan como “operadores logísticos”, entes contratantes dedicados a subcontratar y a llevarse las tajadas más grande de los presupuestos. El segundo es que los trabajadores que están al final de la cadena de contratistas son mal pagados y sujetos a condiciones muy precarias.
Que la contratación sea más eficiente no está demostrado. Eleva los costos de transacción y genera enorme gastos a la ciudadanía por la descoordinación que genera (vean distintos operadores haciendo cosas distintas en la misma vía a la misma hora). Además anula la capacidad simbólica del Estado, por eso alguien con el logo de la Alcaldía puede posar con Popeye en contra de la voluntad del Alcalde.
El Colombiano, 14 de enero
El Estado colombiano creó hace tiempo un sistema de operación que descansa en los contratistas, que se disparó después de las reformas de César Gaviria. Mi impresión es que si uno le quita los contratistas a un ente estatal, especialmente las alcaldías y las gobernaciones, lo que resta de acción estatal es muy poco. Pongamos como caso el municipio de Medellín. El grueso de los empleados públicos son maestros, guardas de tránsito y un pequeño grupo de personal administrativo compuesto por interventores y secretarias. La ejecución de las políticas públicas depende, en lo fundamental, de contratistas. Esta distribución subvierte la filosofía de toda contratación, cual es, procurar que terceros hagan aquellas actividades que no están en el meollo de la misión institucional.
Cuando el 80% de la actividad de la administración (esa es la cifra que me da una fuente) la hacen los contratistas, eso significa ni más ni menos que la ciudadanía está en manos de entes privados. No se trata solo de hacer andenes o tapar huecos. Estamos hablando de atención a primera infancia, cuidado del espacio público, prestación de servicios de nutrición escolar o salud. Tampoco se trata una simple prestación de servicios sino de delegación de funciones públicas que podrían implicar ingresos para el municipio. Y si no, ¿quién establece la fotomulta de tránsito y la recauda? ¿quién da las licencias de construcción y cobra por ello? ¿quién da los certificados tecnomecánicos, entre otros, y recibe los pagos?
El hecho de que la administración pública descanse en los contratistas tiene dos efectos perversos adicionales. Uno es la corrupción pues, como se sabe, los apoyos electorales y la financiación de campañas se suelen pagar con contratos. Normalmente a personas y entidades que no saben nada sino que funcionan como “operadores logísticos”, entes contratantes dedicados a subcontratar y a llevarse las tajadas más grande de los presupuestos. El segundo es que los trabajadores que están al final de la cadena de contratistas son mal pagados y sujetos a condiciones muy precarias.
Que la contratación sea más eficiente no está demostrado. Eleva los costos de transacción y genera enorme gastos a la ciudadanía por la descoordinación que genera (vean distintos operadores haciendo cosas distintas en la misma vía a la misma hora). Además anula la capacidad simbólica del Estado, por eso alguien con el logo de la Alcaldía puede posar con Popeye en contra de la voluntad del Alcalde.
El Colombiano, 14 de enero
Suscribirse a:
Entradas (Atom)