lunes, 29 de mayo de 2017

Ruido en Bojayá

Entre el 7 y el 13 de mayo dos equipos periodísticos fueron obstaculizados en sus labores durante la exhumación de los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá, cometida por las Farc hace 15 años. Los pormenores de los hechos están contados por la periodista Patricia Nieto (“El silencio de Bojayá”, Verdad Abierta, 16.05.17) y no han sido cuestionados hasta ahora ni en el más mínimo detalle. El debate suscitado, a través de cartas y columnas de prensa, es interpretativo; conflictos entre verdad y duelo, libertad y autoridad, derechos individuales y reglas colectivas.

Casi todos los puntos centrales de la discusión están consignados en el “Protocolo para el manejo de comunicaciones en el marco de los acuerdos del Proceso de Paz para Bojayá” producido por el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, a raíz del incidente con los periodistas.

El primer punto del Protocolo prohíbe “filmar, tomar fotografías, grabar, escribir o realizar entrevistas individuales a las familias, o a cualquier persona vinculada con el proceso de la exhumación, entrega de los cuerpos, y ceremonias relacionadas con la masacre”. Esto implica una limitación a la libertad de información en lugares públicos sobre un evento público, y a la libertad de expresión de cada una de las personas de la población en nombre de la preeminencia de una autoridad colectiva.

El segundo punto determina que “cuando se produzca información referente al proceso de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc-Ep sobre Bojayá esta información deberá ser revisada, retroalimentada y avalada para su publicación por el equipo vocero delegado para comunicaciones del Comité”. Sobrarían los comentarios pero muchos opinadores han soslayado este mecanismo que no es otra cosa que un acto de control, censura y monopolio de la información.

El tercer punto aclara quiénes son los dueños de la situación en Bojayá: el Comité y las Naciones Unidas. Y el relato de Patricia Nieto muestra que la situación está en manos de un grupo muy pequeño de personas locales y de un funcionario español de Naciones Unidas. No son las víctimas ni las personas del pueblo. Hasta el párroco resultó constreñido. El protocolo viola varios artículos constitucionales, lo que debería importarle al Comité, y de la declaración de derechos humanos, algo de lo que debe saber la ONU.

Algunos periodistas reaccionaron omitiendo el criterio de contrastar las fuentes, que se aprende en primer semestre. La carta de un grupo de académicos me parece una renuncia a los valores de las ciencias sociales en nombre del respeto a las víctimas. Personas todas a las cuales una vida profesional intachable no les merece un ápice de confianza o una breve espera, triste. Pregunta Patricia: “¿Cómo se configurará el escenario para el trabajo de la prensa una vez se instale la Comisión de la Verdad en Colombia?”.

El Colombiano, 28 de mayo

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