viernes, 21 de abril de 2017

Cautela en la justicia transicional

El exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo le dijo, en un arranque de euforia, a Ángela Patricia Janiot que el acuerdo sobre justicia transicional era “una obra de arte” (cnnenespanol, 26.09.16). La realidad es otra. El acuerdo es pesado, fue hecho por dos comisiones negociadoras distintas del gobierno, quedó complejo y, en algunos puntos, incongruente. Convertirlo en una guía para que sirva de veras a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no será cosa de coser y cantar. Ya pasamos, en el proceso de vía rápida, por una reforma constitucional para incorporar la justicia transicional a la carta política y falta una ley estatutaria de la misma.

Una vez finiquitado esto –es decir, el cómo– vendrá lo más importante: el quién. Durante siglos la ciencia política ha discurrido sobre los pesos relativos de las instituciones y las personas pero, en este momento, nadie discute la gravedad que tiene el proceso de selección del Tribunal Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad. Como se sabe, quien tiene a cargo el nombramiento de magistrados y comisionados es un Comité de Escogencia integrado por cinco personas, delegadas por sendas entidades.

Los pasos preparatorios del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición han sido pequeños fiascos que sirven de advertencia sobre el delicado manejo que debe tener si no queremos profundizar la discordia nacional. El gobierno se equivocó al nombrar a Néstor Raúl Correa como secretario ejecutivo porque ha demostrado que es un hombre imprudente que no da garantías de imparcialidad; más se demoró en abrir la boca que en corroborar su perfil. La manera en que Santos usurpó la autonomía del Centro de Memoria Histórica para darle un puesto a las fuerzas armadas –cosa que nunca se le ocurrió a Uribe– muestra que la falta de principios y el oportunismo del presidente son riesgos serios para la gestión del posacuerdo.

La batahola que se armó en el recinto del congreso el 9 de abril, con el extraño protagonismo de Gloria Gaitán, demuestra que las víctimas han sido suplantadas por organizaciones con prioridades ideológicas y afán vindicativo. Como si fuera poco –pongo un ejemplo– apareció un grupo de ciudadanos para hacer una serie de demandas de perdón a la iglesia católica entre las que se cuentan algunos agravios ocurridos durante la Guerra de los Mil Días y el desalojo de los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada de la Catedral Primada. Sí. Jiménez de Quesada, el conquistador bachiller, el fundador de Bogotá (El Espectador, “El mea culpa de los católicos ante las víctimas de la guerra”, 17.04.17).

Tres décadas de esperanzas y cinco años de negociaciones pueden jugarse, casi exclusivamente, en el acierto de quienes nombren a magistrados y comisionados, y en la ecuanimidad y prudencia de estos.

El Colombiano, 23 de abril.

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