lunes, 25 de abril de 2016

Revocatoria

Desde lejos el proceso revocatorio de la presidente Dilma Rousseff en Brasil puede verse como un espectáculo. Los debates en el congreso, con parlamentarios disfrazados, portando carteleras y pronunciando arengas de un minuto para anunciar su voto, que confirman el enunciado garciamarquiano de que Brasil es el país más grande de El Caribe. Como fondo, las coloridas y masivas manifestaciones de simpatizantes de cada bando en las principales ciudades del país. De cerca –me cuentan los amigos brasileños– la desazón y la impotencia de ver un país paralizado de cuenta del conflicto político.

Es muy probable que Dilma no esté pagando sus propias faltas sino las de su partido y su antecesor. Y, como pasa siempre con la corrupción, se le está castigando por un fenómeno que tiene características sistémicas y que involucra, con diferencias de grado, al grueso de las élites políticas y económicas. Lo notable del proceso brasileño de revocatoria es su carácter democrático y civilizado. Basta compararlo con los casos colombiano y venezolano.

En Colombia, el Partido Comunista con la simpatía de muchos sectores, especialmente del liberalismo lopista, creyó que una supuesta falta de espacios políticos era justificación suficiente para iniciar una guerra que produjo millones de víctimas. Del mismo modo, ante cualquier conflicto en el país, muchos acuden primero a las vías de hecho o a la violencia, que es un recurso que debería considerarse inadmisible. En Venezuela, la dictadura soberana del chavismo ha coartado la representación popular expresada en la Asamblea Nacional desde la trinchera judicial.

Cuando se mira desde la perspectiva histórica y filosófica, se comprende que un proceso revocatorio no es otra cosa que la trasfiguración de la revolución y del golpe de Estado a través de mecanismos no violentos, deliberativos y legales. En este sentido, conmueve ver movilizaciones de los ciudadanos brasileños, que logran que los partidos asuman su vocería y que pueden cambiar un gobierno sin disparar un tiro y sin un muerto en las calles. La izquierda brasileña se lamenta hoy, pero no sobra recordarle que hace 24 años era ella la que bailaba de alegría cuando hizo renunciar a Fernando Collor de Melo.

Cosa distinta es que se piense que un proceso de este tipo pueda generar un clima inestabilidad y desorden que le impida a Brasil recuperarse pronto o que produzca consecuencias peores que el statu quo. Para contraste, véase el caso del Proceso 8.000 en Colombia. La crisis nacional que se desató por la decisión de Ernesto Samper de permanecer en la Casa de Nariño condujo al escalamiento de la guerra, al aislamiento del país y a la instalación de la corrupción sistémica. 20 años después de aquella desgracia –la peor crisis de gobernabilidad del siglo XX– quedan muchas dudas de que las cosas habrían sido peores si el presidente hubiera sido revocado.

El Colombiano, 24 de abril

lunes, 18 de abril de 2016

De la emergencia a la estrategia

Durante las tres primeras semanas de marzo Medellín y el valle de Aburrá pasaron por una emergencia ambiental nunca antes vista en la región. Tuvimos días con niveles de contaminación del aire similares a los peores de Beijing, Mumbai o Ciudad de México, que llevan a que en esas ciudades se suspendan las actividades educativas, incluso laborales, y se establezcan medidas estrictas. En nuestro valle, la reacción fue tardía, apenas se adoptaron algunas medidas de impacto durante un fin de semana. Primero el bolsillo que la vida, parece seguir siendo la perversa divisa de nuestra cultura.

Como compadeciéndose de todos nosotros –primero de las autoridades– San Pedro movió el grifo y algunas partículas se vinieron al suelo, lluvia ácida de por medio (sin que se haya escuchado ninguna advertencia al respecto). Pero no hay razones para la tranquilidad. Según concentraciones de PM2.5 (partículas de diámetro inferior a 2.5 micrómetros) en Medellín no tenemos aire bueno en ningún día del año. Durante los primeros 13 días de abril, el 40% de las mediciones fueron de nivel “dañina a grupos sensibles” y el 11% “dañina” (en general). En plata blanca significa que –según el Área Metropolitana– las personas con afecciones cardíacas y respiratorias deben limitar su actividad al aire libre y debe ser restringida la actividad física en exteriores de toda la gente y que, especialmente en puntos como La Candelaria, los límites entre Laureles y Castilla, Caldas y La Estrella, medidas radicales deben aplicarse semanalmente.

Las medidas de información pública que está adoptando Eugenio Prieto desde el Área Metropolitana son un buen comienzo para sensibilizar a las diez administraciones municipales y a los dos millones y medio de habitantes del valle. Pero necesitamos medidas urgentes, primero del sector público, seguido de las corporaciones y, después, de los ciudadanos.

Según la experiencia internacional, estamos en mora de convertir el centro en una zona de baja emisión a través de la limitación de acceso de vehículos, el incremento de vías peatonales, el aumento en los costos de parqueo e impuestos para la carga en vehículos medianos y grandes (ver: http://sootfreecities.eu/measure). Las corporaciones tienen poder para influir sobre sus proveedores y empleados en la racionalización del transporte privado, la optimización de horarios por actividad y la adecuación técnica de los vehículos para reducir la contaminación. Es importante mantener en alerta a la ciudadanía para promover comportamientos razonables y amigables con el ambiente. Al final, aunque la mala calidad del aire tiene efectos sobre la competitividad y el gasto público, es la salud de cada persona la que resulta afectada.

He escuchado al alcalde Federico Gutiérrez hablar de la importancia del realismo y criticando la autocomplacencia. La calidad del aire en Medellín es un tema más grave hoy que la inseguridad o la pobreza. Es hora de actuar sin timidez ni medias tintas.

El Colombiano, 17 de abril

lunes, 11 de abril de 2016

Oposición

Si no fuera porque es inadmisible creer en la fatalidad y no es de buen recibo académico hacer afirmaciones rotundas, diría que una característica de la política colombiana es su dificultad secular para tratar con la oposición. Desde la manera como Camilo Torres y los federalistas plantearon sus diferencias con Antonio Nariño y el gobierno de Cundinamarca, pasando por la forma como los radicales enfrentaron a la Regeneración, hasta la semana pasada cuando el Centro Democrático salió a las calles de casi un centenar de ciudades.

Nuestra cultura política se caracteriza por un desempeño frecuente de la oposición que desborda los límites legales y constitucionales, y se realiza de forma desleal e irresponsable, mientras los sectores en el gobierno demuestran intolerancia, baja resistencia a la crítica y abuso de poder. Creo que esta es la regla aunque haya excepciones notables y recurrentes. Buena parte de nuestras guerras civiles, si no todas, involucran esta variable. Una prueba de la débil influencia del talante y del ideario demoliberal.

Fue muy lamentable la reacción de algunos políticos e intelectuales que descalificaron la convocatoria de las marchas del 2 de abril, como si un sector político constituido no tuviera derecho a manifestarse y protestar, confundiendo el ejercicio de la deliberación pública con la estigmatización del adversario. Más lamentable porque hoy, en la práctica, la única oposición al gobierno, sistemática y clara para la opinión pública, es la que lleva a cabo el Centro Democrático. Hay políticos de oposición como Jorge Robledo o Claudia López pero tienen poco eco entre sus copartidarios. Bancada de oposición, propiamente dicha, solo la de Uribe y su partido. Más allá se encuentra uno con políticos y periodistas que son gobiernistas sibilinos, cuyo mejor desempeño consiste en hacerle oposición a la oposición. Defender un gobierno tan malo como el de Santos es tarea hercúlea, es más fácil darle varilla a Uribe (que no tiene chequera y también da motivo).

A raíz de las protestas del 17 de marzo, la senadora Claudia López hizo notar los sesgos mediáticos y de algunos funcionarios contra los manifestantes, y advirtió que Colombia se debe preparar ya que “verdaderas demandas y preocupaciones sociales saldrán a la calle con menos temor y más contundencia” (Semana, “Los costos de la democracia”, 31.03.16). Muchas previsiones respecto a las características del país después del acuerdo con las Farc coinciden en que vendrá un periodo de ardua lucha social y política.

En este país hay mucho ilustrado y progresista de labia que no puede ver a su contradictor perorando y marchando. El dogmatismo y el sectarismo no son monopolio de sectores tradicionalistas; gran parte de quienes posan de modernos mantienen el puño cerrado y su demonio reaccionario en la punta de la lengua. Las proclamas basadas en el odio y el miedo son antesala de la violencia.

El Colombiano, 10 de abril

lunes, 4 de abril de 2016

SOS mugre

Los titulares de las columnas de este diario son en mayúsculas, así que este título puede leerse bien de cualquier modo: SOS mugre o S.O.S. mugre, Sos mugre… bien, todavía queda margen para jugar con signos ortográficos: S.O.S. Mugre, SOS: mugre… basta de charla. La idea es lanzar una voz de emergencia pero también decir que la tacita de plata es un mugre y que sus habitantes –mayores consumidores de artículos de aseo del país– no dejamos de ser unos mugrosos.

La crisis ambiental de Medellín no es de hoy, solo que en marzo se hizo letal. No es de hoy pero llevamos al menos una década (hasta ayer) escuchando que las medidas ambientales son una demanda de los que nos oponemos al desarrollo, que restricciones que son casi universales van a quebrar a los comerciantes, que no es viable hacer empresa sin botar chorros de humo. Puras expresiones de la miopía particularista que impide tomar acciones colectivas.

Un diagnóstico serio se nos hizo hace seis años en el Latin American Green City Index. El informe, elaborado por ocho expertos mundiales para 17 ciudades de Latinoamérica, dijo que Medellín carecía de restricciones (sobrecostos monetarios) para circular por vías congestionadas y de carriles para carros con más de tres pasajeros (Juan Gómez lo intentó hace 20 años y lo iban crucificando). Medellín gasta demasiada electricidad para sus niveles de productividad. En ese entonces emitía poco dióxido de sulfuro pero ya sobrepasaba la muestra en cuanto a dióxido de nitrógeno y material particulado. El diagnóstico más doloroso decía que la ciudad tiene buena capacidad de monitoreo “pero no tiene habilidad para implementar su propia legislación ambiental” (p. 63).

No se identificó allí que toda la cadena de la industria de la construcción, en su gran mayoría, es muy contaminante pues trabaja con los parámetros de hace un siglo. El señor Adonaís Jaramillo del Colectivo Ambiental denunció hace poco la explotación de canteras en el occidente de la ciudad, no se hable de las ladrilleras y los constructores de vivienda y obras públicas. El martes pasado pude ver en Las Vegas, a la altura del Politécnico, al contratista de andenes cortando concreto sin normas de protección y regando jardineras con manguera en pleno racionamiento.

Tampoco se dijo que los alcaldes y la autoridad metropolitana tienen problemas para ejecutar medidas porque los grupos de presión los obstaculizan de manera ostensible e irresponsable, que si en la ciudad circulan vehículos sin revisión técnica es por la corrupción en las oficinas de tránsito, que si hay negocios contaminantes en funcionamiento es por ineficiencia o dolo de los funcionarios. Como suelo hacerlo, no dejo de interpelar la responsabilidad corporativa e individual porque cuando se respira veneno cualquier contribución y acción de autocuidado es valiosa en sí misma. La solución única, no existe.

El Colombiano, 3 de abril