lunes, 31 de agosto de 2015

Abad, Acevedo

Héctor Abad Faciolince y Darío Acevedo Carmona han compartido un par de rasgos, los de ser intelectuales públicos –una tautología necesaria– y ser columnistas de El Espectador. Héctor desde una posición liberal y apartidista, Darío desde una postura particular afiliada al Centro Democrático. Ambos con argumentos y altura. Ahora comparten otro: los quieren callar.

A Darío Acevedo, historiador de la contemporaneidad colombiana, lo quieren callar las Farc. La agencia Anncol, que cumple la función de divulgadora y propagandista del grupo guerrillero, le ha lanzado ataques furibundos que lo obligaron a dejar su columna en el periódico capitalino. Como si fuera poco, grupos de estudiantes de la Universidad Nacional en Medellín, donde ejerce como profesor e investigador, lo han estado hostigando con mítines porque también lo quieren sacar de la universidad.

Estos ataques le dan la razón al profesor Carlo Tognato de la Universidad Nacional en Bogotá quien afirmó hace poco que “las universidades públicas, han sido escenarios de la guerra” y que es necesario que en la academia se pongan las cartas sobre la mesa en las discusiones actuales sobre los acuerdos de La Habana y el escenario futuro del país después de que ellos se firmen (La silla vacía, “La U. Nacional tiene que comenzar por decir adiós a la guerra”, 23.08.15).

A Héctor Abad, uno de los escritores colombianos más destacados en el ámbito internacional, lo quiere callar Luis Pérez. El candidato a la gobernación de Antioquia, avalado por lo peorcito del partido liberal y apoyado por Cambio Radical, lo demandó hace poco y por tercera vez. Entre tanto, sus áulicos usan las redes sociales y todos los mecanismos de la propaganda negra para hostigar al columnista y silenciarlo.

Abad contó detalles de su primera audiencia: “El duro (Luis Pérez) se baja de una inmensa camioneta negra, blindada, último modelo, vidrios polarizados. En el bolsillo de la camisa, bordado en rojo, su nombre… Entra al edificio flanqueado por dos hombres jóvenes, pelo cortado al rape, traje y camisa oscura, de esos que si uno ve venir de frente por la noche, prefiere cambiar de acera. Luego me entero de que son sus dos abogados” (El Espectador, “El proceso”, 22.08.15).

Todos los enemigos de la libertad se parecen. Ellos no deliberan; su especialidad es la intimidación. En este caso no importa que sea una intimidación semilegal. Cualquiera sabe lo que se siente ante la escena que le tocó a Héctor Abad en el juzgado la semana pasada. Si no lo sabe puede ver “Buenos muchachos” de Martin Scorsese o poner en Youtube a un gorila de Donald Trump sacando al periodista Jorge Ramos de una rueda de prensa.

Libertad es lo que se pierde en Venezuela y Ecuador hoy. Y lo que se perderá ante cualquier mal voto que den los ciudadanos ahora o en el futuro.

El Colombiano, 30 de agosto

jueves, 27 de agosto de 2015

Redes cívicas y redes predatorias

Para analizar el papel del empresariado en la situación de Medellín en las últimas décadas hay que empezar por excluir a los grandes grupos del país que invirtieron en la ciudad desde los años setenta y que, a raíz de las dificultades económicas y la crisis social, decidieron irse. Hablo de los que decidieron quedarse. Dicho esto, creo que la línea maestra para el análisis es la que resulta de las redes que han construido los empresarios en los últimos 35 años. En Medellín –y esto es aplicable a Colombia– hay dos tipos de redes en contienda por el poder social: redes cívicas y redes predatorias.

Llamo red predatoria a la conjunción de intereses entre políticos, mafiosos y empresarios, que usaron la violencia y la política como vías de acumulación de riqueza. El factor central de esta red es el lavado de dinero; tuvo algunas actividades preferenciales en propiedad raíz, logística, juegos de azar, entretenimiento, deporte, aunque pudo extenderse a otras; y ha usado dispositivos como las licencias públicas, el contrabando, la farándula. Aunque este es un mundo oscuro por definición, indicios de esta red pueden encontrarse en los juicios por parapolítica, algunos fallos judiciales y las investigaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De otro lado, existe una red cívica cuyo origen se remonta al frente común que hizo una parte de la sociedad antioqueña ante el desafío del Cartel de Medellín al Estado. Diversas iniciativas civiles confluyeron en 1990 y sirvieron de puntal a los trabajos de la Consejería Presidencial para Medellín. Organismos no gubernamentales, sindicalistas y otros movimientos sociales, y una franja importante del empresariado se juntaron de manera inédita en la región y en el país a propósito de lo que en ese momento se llamó “alternativas de futuro para Medellín y Antioquia”.

Esa red cívica es la principal responsable de la recuperación de la ciudad y de lo que ahora se conoce como el “modelo Medellín”. El esquema fiscal de la ciudad, las alianzas público privadas, los espacios de participación, los organismos de control ciudadano, el comité universidad-Estado-empresa, la fortaleza de las empresas públicas, la importancia dada a los derechos humanos, los nuevos liderazgos en la política, son rasgos de la nueva gobernabilidad de la ciudad.

En el componente empresarial, esta red tuvo su ancla en la creación, en 1975, de la Fundación Proantioquia “como una respuesta anticipada a la necesidad de discutir, analizar, valorar y apoyar, desde el sector privado, políticas públicas de carácter regional y nacional”. Su orientación puede deducirse de las principales iniciativas nacionales y regionales que ha promovido: Corporación Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Empresarios por la Educación y el Programa Medellín Cómo Vamos. La simple enumeración indica una visión estratégica que trasciende la ciudad y ha influido en el país.

Arcadia, 119, agosto de 2015

lunes, 24 de agosto de 2015

La apuntada

En el foro de candidatos a la Alcaldía de Medellín convocado por Fescol, El Espectador y la Universidad Eafit, realizado el pasado 20 de agosto, surgió una propuesta muy importante para la ciudad: la de realizar un pacto por la transparencia. La idea consiste en que los seis aspirantes hagan públicas las fuentes de financiación de sus campañas y los nombres de sus equipos de trabajo, con la intención de darle confianza a la ciudadanía de que no hay nexos con criminales, parapolíticos o personas ligadas a la ilegalidad.

Este tema es crucial para Medellín. Como dijo uno de los candidatos, se pueden discutir prioridades y políticas pero tiene que erigirse una barrera indiscutible entre el crimen y la política. Todos los candidatos expresaron su acuerdo y los organizadores del foro tienen la meta de que se suscriba formalmente.

Las declaraciones de buena voluntad son importantes. No hay que tomarlas con cinismo. Pero el tema no es fácil. Traigo a colación un método que instauró en Medellín un alcalde de infausta memoria que se llama “la apuntada” y que –me dicen– está otra vez en práctica en esta campaña. La apuntada funciona de varios modos. Uno, “financie mi campaña y yo le devuelvo el triple en contratos”. Ya se entiende que contratistas, como el de la Loma de los Balsos, sigan campantes burlándose de los ciudadanos y las administraciones, porque ya se están apuntando para los próximos cuatro años.

El otro sistema es de frente. Ir a la comunidad a firmar un supuesto contrato o pacto por cual el candidato se compromete a poner un columpio en un parque (o poco más) y la comunidad se compromete a votar por él. En este caso el candidato le quita a la persona su condición ciudadana y lo convierte en un cliente, en un pequeño mercachifle que vende sus derechos básicos por cualquier pendejada.

“La apuntada” la usaron los narcotraficantes hace años en varias partes del Valle de Aburrá. Recogían plata entre la gente para mandar mulas a Estados Unidos y Europa con la promesa de devolverles cuatro o cinco veces lo entregado. Muchas personas “de bien” se apuntaron sin preguntar pero sabiendo que era un crimen; unas se embolsillaron su plata y otras la perdieron porque las mulas caen, y se caen más las de los incautos.

Eso es parte de la cultura mafiosa. No hay narcotraficantes, que sepamos, entre los candidatos, pero hay campañas en Medellín y municipios vecinos, y a la Gobernación de Antioquia, que operan con este y muchos otros métodos practicados por la mafia. Cuando un político solo habla con el lenguaje del dinero encuentra unos interlocutores inmediatos que son los mercaderes sin escrúpulos y los criminales. Al lenguaje del dinero tiene que oponérsele el lenguaje ciudadano de la persuasión, la legalidad y la ética.

El Colombiano, 23 de agosto

martes, 18 de agosto de 2015

Gaviria

Una parte importante de las políticas adoptadas por la administración de Aníbal Gaviria Correa solo podrá ser evaluada a mediano plazo debido al carácter estructural y a la vocación indefinida que tienen. La creación del consorcio público, el cambio en la estructura burocrática del municipio o el proyecto Parques del Río son medidas de ese tipo. Todas tuvieron críticas diversas pero su bondad no se puede determinar a priori.

En aspectos específicos la ciudad no avanzó. El deterioro del centro de la ciudad continuó sin que todavía exista un proyecto serio de intervención. La ineficiencia de la autoridad de tránsito llegó a niveles que fracturaron la ya débil cultura ciudadana de conductores y peatones. Se han escuchado críticas a la forma como se conformó el equipo de la administración y, ciertamente, hay de todo: personas que mostraron solvencia técnica y otras que no se merecieron el sueldo.

Pero hay un tema en el que el legado de Aníbal Gaviria ya es indudable e histórico. Y no se trata de cualquier tema, sino de “el tema”: la seguridad, especialmente, en lo atinente a la vida que es la obsesión de Gaviria desde que entró a la política. Veamos los resultados: en la época de Pablo Escobar, éramos la ciudad más violenta del mundo y hace 14 años –en la época de Luis Pérez– también. Hoy Medellín está fuera de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y ni siquiera está entre los 5 municipios más violentos del Valle de Aburrá. Terminaremos este año con menos de 500 homicidios y con una tasa cercana a 18 por cada cien mil habitantes.

Como saben todos los expertos en seguridad, es muy difícil aislar el impacto de los factores de la seguridad y hay una cosa cierta: nunca un solo factor explica los éxitos y los fracasos. Pero hay varios elementos de política que ya están siendo evaluados como positivos y que se deben a la gestión de la alcaldía. El aumento en el pie de fuerza policial, haber triplicado el número de cámaras, intervenir en los puntos calientes de la ciudad, incrementar la inversión, elevar la calidad de la información, mejorar la relación con el gobierno nacional. Lo más importante de todo fue la dedicación cotidiana al tema desde la oficina del propio alcalde.

La administración Gaviria deja una base importante para el próximo alcalde constituida por mejor infraestructura tecnológica, administrativa e investigativa; le hereda una política pública de seguridad diseñada sin afanes que incorpora las lecciones propias y ajenas en la materia. Y le deja el enorme reto de hacer sostenible la política de seguridad y bajar las tasas de homicidio a niveles cercanos a 10. El próximo alcalde deberá, además, avanzar en convivencia y cultura ciudadana, y hacer más eficientes el gasto y la inversión.

El Colombiano, 16 de agosto

lunes, 10 de agosto de 2015

De Antioquia me gusta

Las ceibas bongas de la Serranía de Abibe (si no las han acabado de tumbar) y la serranía con neblina; la ruda amabilidad de la gente, que ya escasea; la arepa, blanca, plana, simple, la amarilla también; la pintura minuciosa y poco reconocida de don Alejandro Serna; el ceviche de chicharrón en “La curva del gordo” en Amagá; el Atanasio Girardot lleno y vestido de rojo; Buenos Aires (corregimiento de Andes), que le hace más honor al nombre que la ciudad argentina; Caracolí con el domo plateado que se veía desde el tren; el río Cauca, café, angosto, hondo; el rigor y el compromiso de Cayetano Betancur; las iguanas que se calientan en los techos de zinc de Caucasia; los Farallones del Citará, volubles y majestuosos; el ají de los catíos de Dabeiba; Débora Arango; el Deportivo Independiente Medellín, escuela de sentimientos, el decano del fútbol colombiano, la razón para pasar un fin de semana en la urbe; el chorizo de “Los comerciales” en Don Matías; El Peñol, el que está bajo la represa; los embera; Envigado el viejo, donde crecimos, estudiamos, trabajamos (no el de ahora); el pensamiento díscolo y la prosa espontánea de Fernando González; el ferrocarril, que lo acabaron; los fríjoles con chicharrón, no la bandeja paisa; Gonzalo Vidal que era caucano y se oye todo el año en el himno y el Viacrucis; el personaje de Dalila Sierra en el poema de Jaime Jaramillo Escobar, y todos los personajes y todos los poemas del mismo poeta; Jardín todo, con montañas, gentes, quebradas, pájaros y jóvenes que lo van a mejorar; el sentido de la justicia que ya mostraban un fiscal Escobar y un juez Ferrer hace 120 años, según una crónica de Jorge Mario Betancur, y que ahora está embolatado; la madre Laura, aunque ya sea santa y tenga telenovela; el sabio Manuel Uribe Ángel y toda su obra; María Cano, antes de que la sepultaran en vida; Marsella, sobre todo subiendo; Medellín, dura, diversa, acogedora (pero con menos ruido); los nadaístas erráticos, divertidos y soberbios por necesidad; el río Nechí con babillas navegando en troncos; el valle del Penderisco, con Urrao y demás; Ramón Hoyos, Cochise y todos los ciclistas profesionales, más los aficionados, menos los que se dopan; el rock de acá y todo lo que ha salido de él; Santa Elena, por un recuerdo; Sucre, corregimiento de Olaya; la toponimia española del Bajo Cauca y el Nordeste, la indígena del Occidente y la bíblica del Suroeste; los tule con su cosmogonía orgullosa y sus apellidos europeos; Urabá, lleno de negros, banano, humedad, belleza; el río Verde de los Montes y también el río Verde, sin apellido, pero con piedras grandes; los gurres de San Vicente, es decir, el monumento y los ancestros; Zaragoza en general. Quedan faltando buenas y hay muchas cosas que no me gustan.

El Colombiano, 9 de agosto

lunes, 3 de agosto de 2015

Mala hora municipal

Durante los últimos veinte años la favorabilidad hacia el Presidente de la República fue muy baja con excepción de los ocho años de Álvaro Uribe, en especial sus primeros cinco. Cuatro correspondieron a la peor crisis de legitimidad del país en su historia, durante el gobierno de Samper y los otros ocho, de apatía y baja credibilidad en los gobiernos de Pastrana y Santos. La joya de la corona de la democracia colombiana han sido los municipios.

Según el estudio de opinión pública de las Américas –que coordinan Vanderbilt University y la Universidad de los Andes– indicadores importantes para la democracia colombiana se han ido a pique en los últimos dos años. La satisfacción con el desempeño de la democracia que venía en niveles iguales o superiores al 55% se desfondó al 36% en 2014; solo hay más insatisfacción en Guyana y Venezuela. La percepción de corrupción se disparó desde el 2009 y Colombia ocupa el deshonroso primer puesto en el continente (aunque en este ítem no se incluyó a Brasil). Esta caída del país coincide con el despiporre del presidente Santos y su gobierno. No solo de paz vive el hombre.

Cuando uno tiene presidentes que trabajan poco y son ineficientes, lo salva la democracia local. Pero este aspecto se está tornando grave en el país. El promedio nacional de confianza en el gobierno local alcanzó un nuevo record a la baja en 2014. La confianza en las elecciones se cayó de más del 50% en el 2008 al 34% en 2014, y solo en Haití hay más desconfianza en el proceso electoral. Mientras en el 2005 la confianza en los gobiernos locales era del 55%, para 2015 había caído más de 10 puntos, y solo Perú y Brasil están peor que nosotros. Y eso que contamos con los buenos desempeños en más de una década de ciudades como Barranquilla, Medellín o Montería.

El estudio sostiene que son factores importantes en la credibilidad de los gobiernos locales, el nivel de participación ciudadana, la cobertura y calidad de los servicios (incluyendo salud y educación), la victimización por corrupción y la inseguridad. En este punto es donde deben aparecer los partidos políticos, pero solo en Guatemala, Perú y Brasil desconfían más de los partidos que los colombianos y nuestros partidos perdieron 10 puntos de confianza desde 2004.

Lo peor está por venir. Los partidos Cambio Radical y Liberal están en el ojo del huracán por el festival de avales a delincuentes, familiares de delincuentes y personajes con fuertes cuestionamientos legales y éticos; los conservadores no se rezagan. La directora de Transparencia por Colombia Elisabeth Ungar dijo que para “las elecciones de octubre aumentan las similitudes con lo que sucedió hace algo más de una década” (El Espectador, 08.07.15). Es la hora de una ciudadanía vigilante y activa.

El Colombiano, 2 de agosto