lunes, 1 de junio de 2015

Súper

En los regímenes presidencialistas, como el nuestro, las evaluaciones de los gobiernos suelen ser homogéneas y marcadas por el estilo y el talante del jefe de la rama ejecutiva. Los juicios terminan siendo muy simplistas. El ejecutivo es muy complejo y siempre hay desequilibrios entre los presidentes y sus equipos. En las últimas tres décadas hemos tenido en Colombia buenos equipos sin presidente (Barco), malos equipos con presidente (Uribe) y algunos equilibrados (Gaviria).

La mediocridad de Santos tiende a castigar la buena gestión de algunos de sus funcionarios. Acaba de salir Diego Molano, tal vez el mejor ministro de su ramo en mucho tiempo; Juan Carlos Pinzón lo hizo bien, a pesar de su lenguaje; Cecilia Álvarez también; muchos coinciden en darle altas calificaciones a Alejandro Gaviria. Más ocultos aparecen otros funcionarios en un Edificio Colombia asolado por el vandalismo del fiscal y el procurador. Uno de ellos es el Superintendente de Industria y Comercio.

La constitución política se limita a nombrar las superintendencias y en la realidad siempre han aparecido más grises aún. Es difícil que un colombiano bien informado recuerde la gestión, buena o mala, de un superintendente como sí recordamos a algunos procuradores, por ejemplo. En este gobierno no parece ser el caso, al menos por la gestión de Pablo Felipe Robledo. En poco más de dos años el abogado Robledo está demostrando que una superintendencia puede ser una entidad eficaz en su función pública, en este caso, la salvaguarda de los derechos de los consumidores, protección de la libre competencia y defensa de “los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales” (sic.gov.co/drupal).

A las superintendencias que les toca meterse con los grandes la cosa no les queda fácil; véase si no el triste papel de los superintendentes financieros que terminan en el desprestigio, hasta donde dure este en Colombia, por la falta de agallas para hacer bien su tarea o denunciar los bloqueos habituales que sufren. En los últimos años la de industria y comercio, en cambio, se ha metido con Claro, Colmotores, Familia y Carvajal, entre otras. Sancionó un grupo de empresas productoras de pañales que no contentas con beneficiarse de los beneficios de la Ley Páez conspiraron para aumentar artificialmente los precios a los colombianos. Después identificó otro grupo al que los medios llamaron “el cartel de los cuadernos” y que operaba del mismo modo. Se atrevió a meterle la uña a las operadoras de celulares, en especial, al poderoso grupo de Carlos Slim.

Sería bueno tener informes más detallados que muestren cómo culminan los procesos, si las empresas pagan las sanciones y, lo más importante, si cambian sus conductas y si los actos administrativos tienen impacto ejemplarizante. Qué bueno, además, que una gestión sin estridencias pero valiente cuente con imitaciones en el sector público.

El Colombiano, 31 de mayo

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