lunes, 27 de abril de 2015

Tranquilo gobernador

El Procurador General de la Nación suspendió por 11 años al exalcalde Alonso Salazar, del movimiento Compromiso Ciudadano. El mismo funcionario sancionó al Secretario de Infraestructura Física de Antioquia Mauricio Valencia Correa –también del mismo movimiento político– y a otros tres funcionarios de la misma dependencia de la Gobernación. Ahora anunció la apertura de un pliego de cargos contra el gobernador del departamento Sergio Fajardo Valderrama. Y, la versión periodística de sus declaraciones públicas de la semana pasada, traduce su mensaje: tranquilo gobernador (El Colombiano, 18.04.15).

¿Tranquilo? El procurador Alejandro Ordóñez y su círculo prevaricaron en el caso de Salazar. Nada distinto se desprende del hecho de que el Consejo de Estado haya tumbado su fallo completamente. Como demostré en otra columna (El Colombiano, “Las preferencias del Procurador”, 08.04.12), la procuraduría sanciona más a menudo y con mayor severidad a los funcionarios de partidos nuevos ubicados en el centro y el centro izquierda, y sanciona menos a los conservadores. A no ser que salga un gallo como Gustavo Petro que juegue con métodos extralegales y lo ponga contra las cuerdas.

El Procurador reconoce que ha adelantado 35 investigaciones contra el gobernador Fajardo, prácticamente una por cada mes de su gestión. No hizo ninguna investigación contra el entonces gobernador Luis Alfredo Ramos, quien está encausado por la Fiscalía, ni contra varios de sus funcionarios sancionados por otros organismos de control. Claro. Ramos es conservador, iba a toros con el jefe del ente de control y comparte las creencias y las peleas fundamentalistas del mismo. Los hechos contradicen la afirmación de Ordóñez de que “actúa de acuerdo al Derecho y no instrumentaliza sus funciones”. ¿Tranquilo gobernador?

El caso por el que ahora se investiga al gobernador es por una supuesta concesión minera a un familiar de una funcionaria. Como lo demostró el reputado periodista Juan José Hoyos, se trata de una cantera de cascajo cuya “concesión no fue adjudicada por Fajardo, sino por su antecesor, Luis Alfredo Ramos” (“Crónica de una infamia”, El Colombiano, 18.05.13). La procuraduría –contando con la displicencia de la prensa– habla de “mina” queriendo engañar a la opinión pública con el significado de la palabra, nunca usa la expresión “cantera”. Los periódicos se prestan y propalan la especie.

Las que sí son minas, no una sino nueve, no de cascajo sino de oro, son las que funcionarios de la administración Ramos entregaron a la multinacional Bullet once días antes de finalizar su gobierno. Según la revista Semana, el exsecretario de Minas de Ramos y uno de sus hijos se beneficiaron con dineros de esa compañía que exceden los 85 millones de pesos (Semana, “Nuevo escándalo por títulos mineros en Antioquia”, 19.04.15).

Parodiando a san Mateo, el procurador no ve el oro en los ojos de sus amigos, solo el cascajo en los de los demás.

El Colombiano, 26 de abril

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