lunes, 30 de marzo de 2015

Taaaxiiii

El taxi es una de las principales opciones de trasporte público para cualquier ciudad del mundo. En ciudades sin una red amplia de servicio público constituye prácticamente una necesidad de primer orden. Como servicio público, las empresas de taxis pueden cumplir su función gracias a una delegación del Estado. Como los colegios o los hospitales privados, ni más ni menos.

En el caso colombiano, la regulación de la industria del trasporte es muy compleja e ineficaz. Una de las razones básicas de eso es la cultura de la informalidad que está en el origen y el adn de las empresas y los trabajadores del sector. Esta característica ha hecho que este ramo se convierta en un mercado político, es decir, un mercado en el que no funcionan las leyes del mercado sino un entramado de prebendas, licencias y normas, que garantizan o aumentan las rentas a los empresarios, que se retribuyen con dinero, puestos y favores a los políticos que los representan.

Para muestra la reciente decisión del Ministerio de Transporte que congela el parque de vehículos blancos lo que, automáticamente, abre el mercado de cupos. Esto significa multiplicarles los activos a los actuales propietarios. Eso es un mercado político, subir precios o rentas, solo con lograr una decisión gubernamental a su favor; sin mejorar el servicio ni agregarle valor a la actividad. Esta medida triplicaría el capital, por ejemplo, del principal empresario de taxis de Bogotá (“Uldarico gana por punta y punta con el gobierno”, La silla vacía, 18.03.15). Y sin mover un dedo –o sí, tal vez de cuenta de una llamada telefónica.

En Medellín y Antioquia, la persistencia de este mercado político está generando enormes problemas que las altas autoridades parecen no haber identificado: un cupo de taxi en Medellín cuesta el doble de lo que cuesta el automóvil; el cierre de los cupos ha generado mucha ineficiencia en el sector (pruebe pidiendo un servicio a una empresa a las 7 de la mañana o de la noche).

Estos son los males menores. Los hay mayores. El servicio pirata se ha disparado; El Poblado, el centro y occidente están llenos de acopios ilegales y rutas de colectivos o expresos piratas. Esto es de dominio público, sin que suscite intervención municipal alguna. El manejo de planillas en servicios especiales se ha vuelto complicado y ha incrementado la corrupción en la policía de carreteras. Los conductores ya saben cuándo los agentes están endeudados o tienen que pagar una fiesta de quinces.

La decisión del gobierno nacional de bloquear la entrada de la aplicación Uber es una muestra del poder de los trasportadores, un ataque más contra la libertad de empresa y una exhibición de lo que es el capitalismo político. Veremos la propaganda electoral en los taxis y sabremos quiénes son los del enredo.

El Colombiano, 29 de marzo

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