miércoles, 5 de febrero de 2014

Cárceles

Hablar de crisis carcelaria en Colombia se volvió una banalidad. Ingresar esas palabras clave en Google reporta inmediatamente 177 mil resultados. Hace un año Rodrigo Uprimny –director del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad– publicó una columna titulada “Crisis carcelaria” (El Espectador, 10.02.13). Y cada que ocurre alguna calamidad en las penitenciarías no pasamos de una destitución para la galería o de la citación de un ministro al congreso.

Las cifras son alarmantes. Ante todo el hacinamiento en las cárceles que pasó del 32% en 2010 al 52% en 2012 (Uprimny), un escandaloso incremento del 62,5%. Durante 2013, hasta mayo, la población carcelaria seguía creciendo a una rata del 0,6% y el hacinamiento era ya del 56,2% (“Informe estadístico”, Inpec, 06.13). En Antioquia y la costa Caribe la cifra se trepa al 80%. Uprimny cita a una jueza de la república que caracterizó la situación carcelaria como un “estado de cosas inconstitucional”, pero el asunto es más grave: realmente se trata de un estado de cosas inhumano.

Claro que la cárcel no es igual para todos. Como demostró Carolina Bernal en una columna titulada “¿Mejor parapolítico que raponero?” (Semana, 10.02.11), las cárceles están estratificadas y, como suele, don dinero hace milagros, trátese de narcos, estafadores o políticos. Desde las cárceles se extorsiona y se dirigen empresas criminales y se gobiernan municipios y se planean campañas electorales.

El hurto es el delito que más le aporta presos al sistema carcelario (18,2%) y en cuarto lugar está el “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes” (14,2%). El 31% de la población carcelaria no ha sido juzgada ni condenada. Más de 25 mil personas están en situación domiciliaria, es decir casi el 22% del total de los reclusos. La cárcel produce casi todos los reincidentes (Inpec, 2013). Los datos colombianos no son muy distintos a los latinoamericanos, lo que habla muy mal de la región, como pasa con los indicadores de criminalidad. Ni siquiera países modelo como Chile o Uruguay escapan a esta caracterización.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 recomienda “abandonar la idea de la cárcel y el aumento de penas como la alternativa para los problemas de seguridad”, disminuir la detención preventiva, adoptar penas alternativas, crear programas de reinserción y mejorar las condiciones en las cárceles. Sin embargo, tanto frente al delito como a la prisión, lo fundamental son las estrategias preventivas (PNUD, 2013).

Recojo información sobre esta tema y la organizo durante una semana en la que se han escapado varios jefes de una banda criminal de una cárcel de máxima seguridad en Medellín, ocurrió una tragedia en la cárcel Barranquilla que se cobró más de una decena de muertos y medio centenar de heridos, y supimos de la petición de los Nule para que les den detención domiciliaria en sus casas de Cartagena.

El Colombiano, 2 de febrero

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